Diccionario

En política criminal, dentro de los postulados de derecho penal democrático, regla que dispone que la pena a aplicar no puede afectar a la persona en su esencia humana, sus derechos, ni puede, el sujeto, ser instrumentalizado por la sanción.

En Costa Rica, en el Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial, descriptor sinónimo de «principio de autonomía de los procesos». “III. […] es importante mencionar el principio de independencia de los procesos judiciales, conforme al cual, las personas que resulten perjudicadas en un expediente judicial pueden reclamar en ese mismo asunto los derechos que estimen lesionados, pero no pretender cuestionar en uno independiente, decisiones que hayan podido tomarse por la persona juzgadora dentro de un marco jurídico distinto”. (Tribunal Agrario, N.° 219 de 13:44 h de 4 de abril de 2019). ► principio de autonomía de los procesos.

Precepto que consigna la garantía ciudadana y el deber y salvaguardia de quien juzga de resolver imparcialmente, a partir de hechos, de derecho, y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones. ► principio constitucional de independencia del juez (a). principio de independencia de los proceso judiciales.

En materia punitiva o sancionatoria, precepto que consigna la garantía ciudadana y el deber y salvaguardia de quien juzga de resolver imparcialmente, a partir de hechos, de derecho, y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones. “I. […] El principio de independencia del juez [en materia penal] garantizado tanto en la Constitución Política como desarrollado en el numeral 5 del Código Procesal Penal y el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, garantizan al juzgador la plena libertad para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, sin que opere el principio de obediencia jerárquica en Administración de Justicia, pues todo juez es independiente aún frente a sus superiores y cada juez en el caso concreto encarna la jurisdicción y competencia en forma absoluta, garantía que no se ve disminuida por el reconocimiento de facultad de las partes de recurrir de lo resuelto, pues la actuación del superior debe ser vista como una garantía y no como una expresión de autoridad jerárquica (MORA MORA Luis Paulino, Reflexiones Sobre el Nuevo Código Procesal Penal, pp. 36 y 37, LLOBET RODRÍGUEZ Javier, Proceso Penal Comentado, p. 76)”. (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Sección II, Cartago, N.° 135 e 10:20 h de 16 de marzo de 2012). ► principio constitucional de independencia del juez (a).

En materia administrativa, regla que establece que las resoluciones acerca de actos concretos no deben oponerse ni posibilitar la no aplicación de un reglamento general. ► principio de inderogabilidad singular del reglamento. || En materia constitucional, postulado según el cual las normas que establecen y garantizan el control jurisdiccional no pueden ser suspendidas ni considerarse derogadas, aun en estados de excepción.

Precepto que establece que las resoluciones administrativas, concernientes a un caso concreto, no podrán contradecir o vulnerar lo dispuesto en un reglamento general. El principio de inderogabilidad singular del reglamento procura que los reglamentos se apliquen uniformemente y que no otorguen excepciones a casos particulares. ► reglamento.

Regla que establece que la sanción penal debe estar ajustada a las características específicas de la conducta delictiva y del agente, en consideración del grado de participación, las situaciones personales, familiares y sociales, además de las circunstancias atenuantes y agravantes. "II.- [...]. En realidad, no siempre que dos o más individuos participen de un mismo hecho delictivo, ello significa que el juicio de reproche deba ser idéntico. La [el] [principio de] individualización de la pena es eso: consideración de la conducta individual de cada uno y de su particular desenvolvimiento en el hecho, las características propias de éste y muy particularmente, las condiciones personales del imputado, además de su conducta posterior al delito –parámetros del numeral 71 del Código Penal-. Todas estas variables pueden llevar a concluir, en forma razonable, en un dimensionamiento del juicio de reproche distinto para cada responsable y eso es lo que ha ocurrido en este caso [...]”. (Sala Tercera, N.° 171 de 09:45 h de 14 de marzo de 2003).

Precepto probatorio que establece que quien juzga no puede tomar solamente una parte —fragmento, extracto— de una confesión, sino que debe recibirla y valorarla en su totalidad. "[...] el principio de la indivisibilidad de la confesión rige cuando la manifestación de la parte es el único elemento de juicio que se tiene en cuenta para sustentar el hecho. Supuesta esa singularidad, desde luego que no podría el juzgador tomar un fragmento de lo declarado o afirmado y despreciando el resto de la deposición o de la manifestación apoyar en ese fragmento la prueba de un suceso que en ese resto hubiere sido negado o contradicho. Pero si el suceso viene afirmado por otros elementos de juicio, de igual linaje que la prueba confesional, es de suyo palmario que en ese caso el principio de la indivisibilidad no opera." (Sala Primera, N.° 33 de 15:00 h de 20 de mayo de 1994). ► confesión.

Precepto que establece la prohibición de someter a control, examen o permiso una publicación, texto u opinión, con anterioridad a su comunicación al público. Con relación al principio de inexistencia de censura previa se ha dicho: “V.- […]. Este concepto [censura previa] no sólo se incorpora a nuestra Constitución Política en el artículo 29, sino que también se hace visible en los artículos 13 y 14 del Pacto de San José, en el que se consagra el derecho a la información, en su forma más amplia, prohibiendo la censura previa, salvo casos especiales. A pesar de la gran amplitud que tiene el individuo para formar según criterios personales, opiniones y a su vez, poder expresarlas con toda libertad, no debe esto, hacer pensar que el ejercicio de estas libertades no tiene límite alguno. La libertad de expresión y la libertad de pensamiento, al igual que el resto de las libertades públicas no son irrestrictas; todas tienen límites que vienen dados del mismo Orden Constitucional”. (Sala Constitucional, N.° 1107 de 09:38 h de 3 de febrero de 2006). ► censura previa.

Precepto que establece que los procesos y procedimientos deben estar exentos de exigencias formales innecesarias o requerimientos que afecten el pleno respeto a los derechos o el ejercicio de estos.

Precepto que establece que los procesos y procedimientos jurisdiccionales concernientes a operaciones o tareas de producción, transformación, industrialización y enajenación de productos relacionados con la cría de animales o cultivos vegetales deben estar exentos de exigencias formales innecesarias o requerimientos que afecten el pleno respeto a los derechos o el ejercicio de estos. “IV. […] El principio de informalidad del proceso agrario no implica que el Juez deba de cambiar las pretensiones de las partes ni desnaturalizar la acción, solamente ante una evidente duda de lo que se peticiona se debe prevenir a la parte que aclare pretensiones y naturaleza del proceso. (Tribunal Agrario, N.° 782 de 08:13 h de 24 de agosto de 2016).

Precepto que establece que los procesos relativos a las relaciones derivadas del contrato o relación de trabajo deben desenvolverse sin formalismos excesivos ni exigencias procesales innecesarias que puedan limitar el ejercicio o la tutela efectiva de los derechos laborales. Acerca del principio de informalidad del proceso laboral se dicho: IV.- [...].- Sobre el principio de informalismo, la doctrina se ha pronunciado indicando que: "El proceso laboral busca la verdad; para llegar a ella debe hacer prevalecer el fondo sobre la forma, limitar ésta a lo indispensable. La solemnidad ritual, el excesivo apego a fórmulas sacramentales, el carácter absoluto de ciertas pruebas, la rigidez de los trámites, conducen inexorablemente a elevar el continente sobre el contenido; el proceso pasa a ser un fin en sí mismo, un microcosmos cerrado e impenetrable, una torre de cristal que lo mismo puede estar próxima a la realidad como alejarse de ella (...). El proceso laboral debe ser sencillo, prevalentemente oral, exento de solemnidades. Habida cuenta que muchas veces el litigio debe ser conducido por el propio trabajador o con una asesoría no siempre idónea, las formalidades deben estar limitadas al mínimo indispensable; tanto la legislación, que debe ser clara y comprensible en su enunciado, cuando el trámite en sí, que debe buscar la simplicidad, tienen que actuar como instrumentos accesibles no sólo a los abogados, sino a los legos" (PASCO COSMOPOLIS (Mario), Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo, segunda edición, A.E.L.E., 1997, p.42). (Sala Segunda, N.° 335 de 09:40 h de 31 de marzo de 2000)”.

En materia registral, regla que postula que un bien de dominio público, por su naturaleza y al presumirse la titularidad estatal, no necesita de inscripción registral.

Precepto que dispone el deber y posibilidad del juez o del ente juzgador de una presencia directa en las audiencias y en la recepción de las pruebas. Acerca del principio de inmediación tenemos las siguientes consideraciones: “II. […] Sobre el deber de concentración e inmediación, ya este tribunal de apelación, con integración distinta, estableció: “La doctrina clásica que informa nuestro sistema procesal enseña que, como el proceso penal tiende a la averiguación de la verdad real o material, objetiva, sustancial de los hechos, el juicio plenario supone condiciones para la recepción de la prueba como son la inmediación, oralidad, concentración (o continuidad), identidad física del juzgador y publicidad del debate, por ser la forma práctica más conveniente o apta para descubrir la verdad. En este sentido, por ejemplo, señala el autor argentino Vélez Mariconde que la inmediación se refiere a la necesidad de que los sujetos procesales reciban inmediata directa y simultáneamente los medios de prueba que han de dar fundamento a la discusión y a la sentencia, y que para asegurar la inmediación la ley impone formas que aseguren las mejores condiciones posibles de investigación: oralidad, concentración o continuidad del debate e identidad física del juzgador, siendo que la continuidad o concentración se refiere a la regla de que el debate se debe hacer durante las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación, "alejando la posibilidad de que el juzgador desvíe la atención en otro sentido, olvide el resultado de los medios probatorios recibidos o los interprete de modo incorrecto" (véase VELEZ MARICONDE, Alfredo: Derecho Procesal Penal, t. II, tercera edición, [Nombre9]  Editora Córdoba SRL., Argentina, 1982, páginas 185 a 195). Para el profesor alemán Roxin, la inmediación es un principio probatorio que rige en el juicio oral, según el cual "el juez debe elaborar la sentencia de acuerdo con las impresiones personales que obtiene del acusado y de los medios de prueba" (ROXIN, Claus: Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto SRL, Buenos Aires, 2000, pág. 102). El principio de inmediación –enseña el profesor Walter Antillón Montealegre– "...exige que el juez competente para sentenciar el caso debe estar presente durante las comparecencias con las partes y, especialmente, en los debates en que la prueba es evacuada, a fin de que pueda apreciar directamente todos los aspectos y detalles de la conducta de las partes, los peritos y los testigos: los gestos y las palabras, las dudas y vacilaciones de unos y otros, etc. Y exige también que el juez participe eficazmente en la producción de la prueba, moderando la intervención de las partes, sugiriendo soluciones y haciendo él mismo preguntas u observaciones pertinentes [...] Como su nombre lo indica, el principio de inmediación exige que el juez esté presente en los actos del proceso, y particularmente en los debates orales de evacuación de la prueba, de manera que pueda conseguir una impresión directa, sin intermediarios, acerca de todo lo que ocurre en el proceso" (en Teoría del proceso jurisdiccional, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., Costa Rica, 2001, págs. 408 a 411)”. (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, San José, N.° 1977 de 15:00 h de 8 de diciembre de 2020).

Regla que dispone el deber y posibilidad del ente juzgador de un contacto personal y directo con las partes, sus dichos y con los actos de obtención de las pruebas. ► inmediación de la prueba.

En Costa Rica, regla que dispone el deber y posibilidad del ente juzgador de un contacto personal y directo con las partes, sus dichos y con los actos de obtención de las pruebas, en materia concerniente a la propiedad o a los trabajos relativos al cultivo de la tierra, al tratamiento del suelo, a las plantaciones, a la recolección de productos, a su consumo y a la transformación del medio ambiente para la satisfacción de necesidades. ► inmediación de la prueba.

En Costa Rica, regla que dispone el deber y posibilidad del ente juzgador de un contacto personal y directo con las partes, sus dichos y con los actos de obtención de las pruebas, en materia concerniente al conocimiento y resolución de conflictos jurídicos producidos entre el particular y la Administración, cuando esta realiza actos de poder o autoridad. ► inmediación de la prueba.

En Costa Rica, regla que dispone el deber y posibilidad del ente juzgador de un contacto personal y directo con las partes, sus dichos y con los actos de obtención de las pruebas, en materia concerniente a las relaciones derivadas del contrato o relación de trabajo. ► principio de inmediación de la prueba.

En Costa Rica, regla que dispone el deber y posibilidad del ente juzgador de un contacto personal y directo con las partes, sus dichos y con los actos de obtención de las pruebas, en materia concerniente a conflictos jurídicos concernientes a hechos delictivos o sancionables. ► inmediación de la prueba.

En Costa Rica, regla que dispone el deber y posibilidad del ente juzgador de un contacto personal y directo con las partes, sus dichos y con los actos de obtención de las pruebas, en materia concerniente a la adopción, la curatela, los divorcios, los hijos y filiación, la maternidad, el matrimonio, la paternidad, la patria potestad, el régimen de alimentos, el régimen patrimonial de la familia, la separación judicial, la tutela y las uniones de hecho. "V.-En la resolución apelada, el Juzgado Ad-quo, rechaza evacuar la prueba testimonial, oportunamente ofrecida. Comparte el Tribunal el agravio esgrimido por el apelante. Mediante el principio de contradicción se garantiza la participación efectiva de las partes en el proceso, el cual sirve de límite a los poderes del órgano jurisdiccional. La igualdad de tratamiento a las partes es una garantía fundamental que connota nuestra carta magna en su artículo 33, y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene por objeto conferir a los litigantes iguales posibilidades y oportunidades de actuar en juicio. Es por ello, que el inciso 2) del artículo 98 del Código Procesal Civil, recoge ese principio de igualdad ante la ley, y enuncia: " Son deberes del Juez: 1)...2) Asegurar a las partes igualdad de tratamiento. 3)......7)... En otro orden de ideas, de igual forma, hay que tomar en consideración el principio de inmediación. "Este principio requiere que el sentenciador tenga el mayor contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que conforman el proceso "... "Solo cuando el proceso es " vivido " por el juez puede éste ponderar las reacciones y gestos de las partes y declarantes, pautas inapreciables para descubrir al mendaz o comprobar la veracidad de los dichos" ([Nombre1], [Nombre2], citado por Gerardo Parajeles Vindas, en Introducción a la Teoría General del Proceso. Investigaciones Jurídicas Sociedad Anónima. [Nombre3]. Edición, San José, Costa Rica, Octubre [sic] 2000, página 89)". (Tribunal de Familia, N.° 1064 de 08:50 h de 29 de junio de 2004).

En Costa Rica, descriptor sinónimo de ‘principio de inmediación de la prueba’. ► principio de inmediación de la prueba.

En Costa Rica, descriptor sinónimo de ‘principio de inmediación de la prueba en materia contencioso-administrativa’. ► principio de inmediación de la prueba en materia contencioso-administrativa.

En Costa Rica, descriptor sinónimo de ‘principio de inmediación de la prueba en materia laboral’. ► principio de inmediación de la prueba en materia laboral.

En Costa Rica, descriptor sinónimo de ‘principio de inmediación de la prueba en materia penal’. ► principio de inmediación de la prueba en materia penal.

Precepto que establece que un Estado, sus órganos y sus bienes no pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos de que haya consentimiento. “I.- La presente demanda fue establecida contra la Embajada de la República Federativa de Brasil y la Fundación Centro de Estudios Brasileños, y el punto importante es determinar si un estado extranjero puede ser demandado ante los tribunales Costarricenses [sic]. Para ello, resultan de aplicación las normas de Derecho Internacional Público, vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, según los instrumentos dictados al efecto, los cuales tiene rango superior a la ley (artículo 7° de la Constitución Política). En este cuerpo funciona un principio, conocido doctrinariamente como el principio de inmunidad de jurisdicción, entendida como “un derecho que posee cualquier Estado y una limitación que los demás Estados tienen en su facultad para dictar las normas que determinan la jurisdicción de sus tribunales o las competencias de sus órganos administrativos” (DIEZ DE VELASCO Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público, Tomo I, sétima edición, editorial tecnos, 1985, p. 232). Esa inmunidad de jurisdicción tiene sustento en el reconocimiento a la soberanía de los Estados, en razón de la cual, ninguno de ellos puede ser sometido a la jurisdicción de los tribunales administrativos o judiciales de otro. Ahora bien, la representación de cada Estado ante los demás, se ejerce por medio de funcionarios debidamente acreditados, cuyas funciones, obligaciones e inmunidades, han sido objeto de regulación internacional a través de la Convención de Viena sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, del 18 de abril de 1961, ratificada por Costa Rica mediante Ley N° 3394 del 24 de setiembre de 1964. En ese carácter de representante, del Estado acreditante, el artículo 31 de la citada Convención les concede a los Agentes Diplomáticos -entendidos dentro de éstos el jefe de la misión diplomática o un miembro del personal diplomático de la misión-, inmunidad respecto de la jurisdicción penal, civil y administrativa, con las salvedades ahí mismo estipuladas, a las que se debe agregar el supuesto en que el Estado acreditante renuncie a la inmunidad de sus agentes diplomáticos”. (Sala Segunda, N.° 879 de 09:45 h de 22 de octubre de 2004).