Diccionario

El que no fue recurrido y por ello es inmodificable, y que amplía o favorece los intereses de los destinatarios. "III. […], el ordinal 176 del CPCA [ Ley 8508], señala: “Cuando la Administración Pública no cumpla sus actos firmes y favorables para el administrado, este podrá hacerlos ejecutar, de conformidad con el presente capítulo.” Al estar esta norma ubicada en el Título VIII, Ejecución de Sentencias; Capítulo I, Ejecución de sentencias de procesos contencioso-administrativos y civiles de hacienda, es preciso indicar en lo siguiente. El proceso de ejecución de sentencia está concebido para dar cumplimiento a la condena impuesta en sede jurisdiccional. Lo fundamental radica en que el obligado se opone a su materialización, pese a estar previamente dispuesta. De este modo, el proceso de ejecución procura dar espacio al ejercicio de las garantías constitucionales del perdidoso, tales como audiencia, defensa y contradicción, pues, lo que se decida, tendrá eficacia de cosa juzgada material. Interesa definir la estructura propia del procedimiento de ejecución de actos administrativos firmes y favorables”. (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, N.° 68 de 11:30 h de 25 de abril de 2023).

Aquel que interesa a una pluralidad, determinada o indeterminada, de sujetos de derecho. El acto administrativo general, por clasificación, es acto administrativo según sus destinatarios.

Acto que se infiere del contenido de otro acto administrativo. Exige la compatibilidad entre la voluntad supuesta y la formulada; así como que se le considere antecedente o consecuencia de la expresada. El otorgamiento de un permiso municipal de construcción, sin haber obtenido previamente el certificado de uso del suelo, puede suponer el acto administrativo implícito de entrega de este último.

Clasificación del acto administrativo según sus destinatarios. Es aquel acto que interesa a un solo y único sujeto de derecho.

► nulidad e ineficacia del acto administrativo.

Hecho material o vía de hecho que aparentemente es consecuencia de la voluntad administrativa, pero que no lo es al carecer de órgano competente, manifestación de voluntad, procedimiento o forma. Se caracteriza por no contener la presunción de legalidad y ejecutoriedad; por no ser considerado regular; por ser imposible el saneamiento; porque la impugnación es imprescriptible; su extinción retrotrae sus efectos al momento de su exterioridad; la Administración pública y la Administración de Justicia, de cualquier tipo, pueden comprobar en todo tiempo la inexistencia y declararla de oficio. La consecuencia jurídica y material es la nulidad de sus efectos derivados.

► lesividad del acto administrativo.

El realizado por los órganos competentes de una municipalidad, administrativos o políticos y sus dependencias.

► nulidad e ineficacia del acto administrativo.

El que se dicta para hacer posible el acto principal ulterior. ► acto administrativo de trámite.

Acto dictado por la Administración referente a las relaciones laborales y los derechos derivados de sus servidores en general.

► revocación del acto administrativo.

El que se realiza cuando el supuesto ofendido no ejerce, en tiempo y forma, los remedios legales para obtener la tutela sobre derechos renunciables.

Manifestación jurídica unilateral de la Administración en virtud de su potestad tributaria. ► potestad tributaria.

Manifestación de la voluntad que expresa anuencia, venia o aprobación. || Acto que no es impugnado. || Aquel contra el que no se han utilizado los recursos existentes, al haber dejado transcurrir el tiempo de impugnación o los términos para recurrir. ► acto administrativo consentido.

Locución sinónima de ‘acto de traslado’. ► acto de traslado.

Acto de naturaleza socioeconómica que se realiza para la negociación de bienes o servicios, con el fin de usarlos, transferirlos o transformarlos. || El que una persona física o jurídica realiza en calidad de comerciante. || El legalmente señalado como tal.

En Costa Rica, en materia de denuncias y testigos contra represalias laborales, requerimiento, aceptación, ofrecimiento u otorgamiento, directo o indirecto, a, o por, un funcionario público o a quien ejerce funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, premios, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de realizar u omitir cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas bajo cualquier modalidad o denominación. La “Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales” (10437), en el artículo 3, establece que, también, son actos de corrupción: “c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos de corrupción contemplados en esta definición. e) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o común acuerdo para la comisión de cualquiera de los actos descritos en el presente artículo. f) Las conductas tipificadas en los delitos contemplados en la Ley 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004; el título XV "De los Delitos contra los Deberes de la Función Pública", de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970; el delito de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la corrupción nacional o transnacional, así como otras acciones delictivas que lesionen la función pública y la probidad”. ► corrupción 1. represalia laboral.

En derecho administrativo, acto cuyo carácter está determinado por la prolongación, en el tiempo, de sus efectos, de manera que existe una afectación, positiva o negativa, de la esfera jurídica de la persona. El acto de efecto continuados “opera cuando el acto incide reiteradamente en la esfera jurídica del particular, ya sea creando, modificado o extinguiendo durante ese período las relaciones o situaciones jurídicas que integran dicha esfera jurídica. (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, N.° 181, de 11:08 de 24 de setiembre de 2020). ► acto de efecto instantáneo.

► acto de efecto instantáneo.

En derecho administrativo, acto cuyo carácter está determinado porque la incidencia o efecto de ese acto se termina en un solo momento; instante en que varían, positiva o negativamente, los derechos, potestades, obligaciones, deberes y cargas de las personas. Se ha dicho, con respecto al el acto de efecto instantáneo: “[…] tiene efecto inmediato el acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica del sujeto en un único instante, a partir del cual su esfera jurídica es diversa de la cual era titular previamente”. (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, N.° 181, de 11:08 de 24 de setiembre de 2020). ► acto de efecto continuado.

► acto de efecto continuado.

► acto de efecto instantáneo.

► acto administrativo de efectos propios.

► acto administrativo de efectos propios.