Razón o criterio que determina cuál órgano jurisdiccional conoce acerca de incidentes o recursos en materia que conoce acerca de la represión, contención o castigo de delitos, faltas o contravenciones mediante la imposición de sanciones o medidas alternativas.

También llamada ‘jurisdicción’. Distribución del derecho positivo en distintos ámbitos jurídicos. ► competencia específica. derecho positivo. jurisdicción. jurisdiccional.

En Economía, situación en la que entidades vendedoras y compradoras de un mismo bien o servicio pueden influir en los precios. Dentro de la competencia imperfecta se encuentra el oligopolio, el oligopsonio, el monopolio y el monopsonio. ► competencia 2. competencia perfecta. monopolio. monopsonio. oligopolio. oligopsonio.

Aptitud o alcance, para el ejercicio de su autoridad, que tiene un órgano jurisdiccional de un Estado o país para conocer de asuntos derivados de situaciones privadas internacionales. En relación con la competencia judicial internacional, en Costa Rica, se ha dicho: “V. El precepto 46 del Código Procesal Civil [Ley 7130] establece tres supuestos en que es competente el juez costarricense. El primero es cuando el demandado esté domiciliado en Costa Rica, no importando cuál sea su nacionalidad. Basta que tenga su domicilio aquí para que corresponda el conocimiento del asunto a los tribunales costarricenses. El segundo es cuando la obligación deba ser cumplida en Costa Rica y el último está referido a que la pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un acto practicado en nuestro país. De la redacción de la norma se deduce que no deben concurrir los tres casos. Basta que se dé uno solo de ellos para que el juez competente sea el costarricense. En el caso que se examina la sociedad demandada está domiciliada en Costa Rica. Ciertamente las relaciones comerciales ocurridas entre las partes no se han cumplido en este país, ni se trata de hechos ocurridos o de actos practicados en territorio costarricense; sin embargo, se reitera, el domicilio de la demandada está en Costa Rica. Esa sola circunstancia es suficiente para que la competencia sea nacional y no extranjera". (Tribunal Segundo Civil, Sección II, N.° 409 de 09:25 h de 12 de octubre de 2001).

Conjunto del ejercicio y de las atribuciones de una persona-órgano jurisdiccional para conocer y decidir, con exclusión de otros órganos decisores. ► competencia 1. jurisdiccional. persona órgano.

Aptitud o alcance para el ejercicio de su autoridad que tiene un órgano jurisdiccional o juez para conocer las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surgen entre patronos, entre trabajadores y entre patronos y trabajadores; del contrato de trabajo; de los conflictos colectivos de carácter económico y social; de los juicios que se entablan para la disolución de organizaciones social-laborales; cuestiones de carácter contencioso que ocurren con motivo de la aplicación de las disposiciones sobre reparación por riesgos profesionales; y de los juzgamientos por faltas cometidas contra leyes de trabajo o de previsión social.

► competencia por materia.

Potestad, facultad o aptitud legal del notario para dar fe, documentar o autorizar instrumentos públicos. || Facultad de la persona notaria de firmar y autorizar instrumentos públicos. ► notario (a).

Razón o criterio que justifica la distribución de la potestad jurisdiccional según la naturaleza de lo que se discute. Acorde a la competencia objetiva, los llamados a conocer, en primera instancia, una discusión de linderos serán los juzgados civiles. Algunos criterios determinantes de la competencia objetiva son: materia; cuantía; territorio; ubicación del inmueble; domicilio del demandante o promotor; domicilio del demandado; y actividad principal del deudor o demandado. ► jurisdicción. jurisdiccional. || Potestad para conocer un determinado asunto referida directamente al despacho judicial con independencia de quién es el juez o la jueza que lo representa. ► competencia subjetiva.

Facultad que tiene un órgano jurisdiccional o juez para conocer acerca de la comisión de hechos delictivos, de las penas y de las sanciones; de la resolución de conflictos surgidos de una conducta ilícita; y del derecho estatal de castigar frente a las garantías del imputado y de la víctima.