Categoría penal que se refiere a la situación en que la consecuencia dañosa que sufre una persona se debe a ella misma o por azaroso infortunio. Cuando hablábamos de la imputación objetiva se puso el siguiente ejemplo de ‘competencia de la víctima’: “X, enterado de un intento de fraude de Y, lo visita en altas horas de la madrugada, con la idea de conversar y de, al retirarse de la casa de Y, pasar por la cocina, prender las llaves de gas y así asfixiarlo. X realiza la acción planeada, pero Y, debido al fuerte olor que se desprendía, se levanta y advierte la acción de X. Sin embargo, Y, profundamente arrepentido por sus permanentes actitudes inmorales y por haber provocado semejante acción en su amigo, decide que las cosas continúen como han sido planeadas y deja abiertas las llaves de gas, muriendo más tarde”. (Jakobs, Günter, 1996).  ► culpa de la víctima.

Aptitud o alcance para el ejercicio de su autoridad que tiene el órgano jurisdiccional encargado de conocer la comparecencia para un nuevo análisis de un caso ya resuelto. “El ámbito de conocimiento de los tribunales de Alzada [sic] se encuentra en primer lugar limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez inferior y no por lo resuelto por éste en su sentencia. Por lo tanto [sic] la Cámara solo puede emitir pronunciamiento con respecto a aquellas cuestiones involucradas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado, así como también con relación a los hechos nuevos alegados en primera o segunda instancia, ya que estos deben necesariamente hallarse encuadrados dentro de la causa o del objeto de la pretensión, y por supuesto el conocimiento deriva de la medida que la parte agraviada imprime a su impugnación”. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina, (SAIJ). ► alzada 1. apelación. recurso de alzada.

Entre agentes económicos, actos de competencia que, por ser contrarios a normas de corrección y buenos usos mercantiles que se aceptan como tales en el sistema de mercado, causan daño efectivo o amenaza de daño comprobado a los competidores o a los consumidores. En Costa Rica, según la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N.° 7472, artículo 17, ‘Competencia desleal’, son actos prohibidos cuando: “a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores. b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor. c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio. d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros. También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores”. ► competencia 2.

En materia laboral, conjunto de actos, abusivo y perjudicial, que se constituye como una transgresión a la buena fe contractual y una falta de fidelidad con la empresa, que realiza el trabajador o empleado, con el fin de crear una competencia espuria mediante el aprovechamiento de datos internos de la empresa para la que trabaja, de su sistema organizativo, de sus métodos de producción, o de sus relaciones con proveedores o clientes. ► competencia 2.

Conjunto de facultades de una persona, departamento, órgano o entidad para establecer, mediante eventuales sanciones, el sometimiento a determinadas normas; a la adopción de ciertas conductas; a la disposición para corregir faltas; o al mando de acatamiento de instrucciones, preceptos y mandatos.

En Costa Rica, conjunto de facultades sancionatorias que tienen la Dirección Nacional de Notariado y el Poder Judicial para aplicar el régimen disciplinario de los notarios. Con referencia a la competencia disciplinaria notarial, la competencia administrativa le corresponde a la Dirección Nacional de Notariado y la competencia jurisdiccional al Poder Judicial; además, las sanciones pueden consistir en apercibimiento, reprensión y suspensión en el ejercicio de la función notarial. ► Dirección Nacional de Notariado. notario (a). Poder Judicial. régimen disciplinario de los notarios (as).

Legitimación jurídica que posee la persona-órgano judicial para ejercer la función jurisdiccional en asuntos referentes a la adopción; régimen de alimentos; curatela; patria potestad; divorcios; maternidad, paternidad, hijos y filiación; matrimonio; régimen patrimonial de la familia; separación judicial; tutela, y uniones de hecho. En cuanto a la competencia en asuntos de familia, en Costa Rica, se ha dicho: “[A]nte la ausencia de regulación sobre competencia y tomando en cuenta los principios que llevaron a la creación del juzgado especializado, estableció los casos en que los asuntos corresponden al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia y cuándo corresponden a los Juzgados de Familia, lo que se hizo de la siguiente manera: "...Han de ser de conocimiento del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, por norma expresa, los procesos especiales de protección a la niñez y la adolescencia […] y por principio general que deriva de la naturaleza del asunto, han de conocer las tutelas, los depósitos de personas menores de edad, la declaratoria de abandono, porque es determinante lo relacionado con ese grupo etario. Algunos como la adopción y la utilidad y necesidad han de depender de si se trata de los intereses de una persona menor de edad o no. Así la adopción de personas menores de edad corresponderá al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, pero la adopción […] corresponde al Juzgado de Familia. Igual sucede con las diligencias de utilidad y necesidad, si se trata de bienes de personas menores de edad corresponde al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, y si se trata de bienes de un insano corresponderá al Juzgado de Familia. En cuanto al tema de la patria potestad, si la discusión se da entre los progenitores del niño o adolescente (conflictos de patria potestad, salidas del país, guarda, crianza y educación, visitas, etc.) ese asunto debe conocerse por el Juzgado de Familia. Pero si lo que se pide es una protección especial para el niño como lo serían las suspensiones o extinciones de la patria potestad contra sus padres, no entre ellos, ese asunto debe ser conocido por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia. De lo anterior debe entenderse por ejemplo que una suspensión de patria potestad incoada por un progenitor contra el otro, corresponde al Juzgado de Familia; pero si lo que ocurre es que los progenitores son demandados por el Patronato Nacional de la Infancia u otra persona o ente legitimados este asunto corresponde ser tramitado y resuelto por el Juzgado de Niñez y Adolescencia". (Tribunal de Familia, N.° 1199 de 11:50 h de 15 de julio de 2004).

Esfera, condición o circunstancia que faculta al órgano decisor para conocer y decidir acerca de lo que se ha sometido a su autoridad dentro de los parámetros del litigio planteado por las partes. “Así como la fuente de la competencia absoluta y relativa (territorial), generalmente proviene de la ley, la competencia específica la adquiere el tribunal a partir de las pretensiones y contra pretensiones del demandante y del demandado, salvo en aquella parte en que, excepcionalmente, la ley faculta al juez a proceder de oficio”. (Salas Astrain, Jaime). ► competencia 1. competencia genérica.

Se dice de la situación donde la ley procesal posibilita, al demandante, el escogimiento entre dos o más competencias según sea la que más le convenga. Puede ser ejemplo de competencia facultativa el artículo 8.3.5 del Código Procesal Civil de Costa Rica [Ley 9342] al establecer: “8.3.5 Criterios especiales. […] 2. Para el reclamo de daños y perjuicios será competente el tribunal del lugar en que sucedieron los hechos o del domicilio del actor, a elección de este, salvo que estos sean planteados como accesorios de una pretensión principal de otra naturaleza, pues en este caso competerá al tribunal de la principal”. Por su parte, el Código Procesal Civil de Perú, en el artículo 24, establece: “Competencia facultativa. Además del Juez del domicilio del demandado [sic], también es competente, a elección del demandante: 1. El Juez [sic] del lugar en que se encuentre el bien o bienes tratándose de pretensiones sobre derechos reales”.

Razón o criterio que determina cuál órgano jurisdiccional conoce acerca de incidentes o recursos. Normalmente, y acorde a la competencia funcional, la apelación la conocerá el órgano superior del que dictó la resolución. ► jurisdicción. jurisdiccional.