Diccionario

► derecho laboral. derecho laboral colectivo.

Conjunto de normas legales, principios, jurisprudencia y doctrina que regula las relaciones jurídicas que surgen de la actividad o negociación socioeconómica en la que se da un intercambio de bienes y servicios para su uso, venta o transformación. El derecho comercial también es conocido como derecho mercantil. ► derecho mercantil.

Conjunto de normas, principios y doctrina, establecido en la Constitución, que rige la organización del Estado y las garantías frente al poder. || El establecido en la Constitución de un país.

► derecho a no declarar contra sí mismo en el proceso penal. principio constitucional de no obligación de declarar contra sí mismo.

Garantía fundamental establecida en la Constitución, consistente en el enunciado de que nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible o conducta sancionable. ► cosa juzgada. non bis in idem.

Garantía fundamental dispuesta en la Constitución Política consistente en la libertad de los habitantes para asociarse con fines lícitos y, asimismo, sin que haya obligaciones de formar parte de asociación alguna. ► libertad de asociación.

Garantía dispuesta en la Constitución que comprende el derecho del consumidor a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada; a la libertad de elección; y al trato equitativo. Con respecto al derecho constitucional de protección al consumidor, tribunales costarricenses han establecido: “El Tribunal no desconoce que existen normas de contenido constitucional que garantizan a las personas consumidoras una serie de derechos. En este sentido, ya en el voto número 165-09, dictado por esta Sección del Tribunal, se efectuó un análisis en torno al numeral 46 de la Constitución Política. En ese pronunciamiento señalamos que esa norma fue reformada a través de la ley número 7607 del 29 de mayo de 1996. En lo que concierne a la defensa de las personas consumidoras, dicha reforma introdujo todo un nuevo párrafo que establece lo siguiente: […] Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias […]. Ese párrafo incorpora, dentro del marco de garantías constitucionales, la figura de los consumidores y las consumidoras, a los y a las que se les reconoce una serie de derechos fundamentales, consistentes en garantías de protección de sus intereses y derechos”. (Tribunal Segundo Civil, Sección I, N.º 88 de 10:00 h de 13 de marzo de 2010). ► consumidor (a). protección al consumidor (a). || Garantía constitucional relativa a los derechos de las personas consumidoras que es de acatamiento obligatorio para los productores y comerciantes de los sectores públicos y privados.

Conjunto de normas o leyes surgidas o basadas en la costumbre. ► costumbre. || Conjunto de normas del Derecho no escrito.

Conjunto de norma, usos y principios internacionales que regulan las actividades de los funcionarios de servicio exterior que representan a un Estado en una población de otro país y que están encargados de funciones administrativas, de información y resguardo de la Nación que los designa. ► cónsul (esa). consular.

Potestad, establecida por ley o estatuto, de la persona para reservarse la decisión de un asunto. ► abstención. || En elecciones, en países que lo permiten, facultad de no participar, como votante, en la actividad electoral; o bien de emitir el voto en blanco o anularlo. || En materia civil y mercantil, facultad legal de los acreedores privilegiados de abstenerse de votar la resolución que, sobre el convenio, los demás acreedores acuerden con el deudor. ► acreedor con privilegio especial (a). acreedor con privilegio general (a). acreedor privilegiado (a). || Facultad de determinados acreedores para no concurrir a la junta de acreedores, con el fin de no verse perjudicados con lo convenido con el deudor. || En materia sucesoria, facultad de las personas herederas de no hacerse cargo de la herencia. || ► derecho de abstención en el proceso penal.

Facultad del acusado de no declarar en contra de sí mismo, ni contra el cónyuge, padre, hermano, abuelo, hijo, sobrino o tío; sean estos parientes por afinidad o consanguinidad. ► deber de abstención en el proceso penal.

Garantía de todas las personas de peticionar en condiciones de igualdad y sin discriminación, colectiva o individualmente, ante un sistema de administración de justicia, para ejercitar, mantener o restaurar sus derechos. El derecho de acceder a la justicia implica gratuidad, ausencia de formalismos innecesarios y plazos razonables de respuesta.

En materia administrativa, derecho de obtener la demostración de la existencia o inexistencia del almacenamiento de datos de una persona. || En época de la colonización de Norteamérica, en el derecho estadounidense, facultad de las habitantes de las riberas de ríos y mares de tener un aprovechamiento preferente de las márgenes.

Garantía que posibilita el libre acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y a partir de un sistema de méritos o idoneidad comprobada. ► cargo o puesto público. idoneidad comprobada.

► derecho a la información 1. derecho a la información 2.

Potestad de cualquier persona para allegarse a la información que conste en un expediente administrativo. “Tipología del derecho de acceso a la información administrativa. Se puede distinguir con claridad meridiana entre el derecho de acceso a la información administrativa (a) ad extra —fuera— y (b) ad intra —dentro— de un procedimiento administrativo. El primero se otorga a cualquier persona o administrado interesado en acceder una información administrativa determinada —utiuniversi— y el segundo, únicamente, a las partes interesadas en un procedimiento administrativo concreto y específico —uti singuli—. Si bien este último derecho se encuentra normado en la Ley General de la Administración Pública en su Capítulo Sexto intitulado “Del acceso al expediente y sus piezas”, Título Tercero del Libro Segundo en los artículos 272 a 274, no cabe la menor duda que tiene asidero en el ordinal 30 de la Constitución Política y, por ende, goza de los mecanismos de garantía, tutela y defensa previstos en el texto fundamental (artículo 48 de la Constitución Política) y desarrollados por la ley del rito de esta jurisdicción (ordinales 29 y siguientes). Este corolario se impone al reparar en el carácter claramente insuficiente, lento y engorroso del único mecanismo de protección, establecido a nivel infraconstitucional, del derecho de acceso a la información administrativa ad intra de un procedimiento administrativo. En efecto, el numeral 274 de la Ley General de la Administración Pública dispone que contra la resolución que deniegue el conocimiento y acceso a una pieza de un expediente caben los recursos ordinarios previstos por ese cuerpo normativo, esto es, la revocatoria, la apelación y, eventualmente, de tratarse del jerarca, la reposición, sin preverse una vía expedita y célere cuando los recursos sean declarados sin lugar, con lo cual resulta claramente insuficiente al obligar al petente a acudir a la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 49 de la Constitución Política), para pretender la nulidad de la resolución que le ha denegado el acceso al expediente administrativo, solución que supone un elevado costo económico y temporal para el agraviado y que resulta, a todas luces, tardía […]”. (Sentencia de la Sala Constitucional, N.º 4709 de 10:43 h de 8 de abril de 2011). ► derecho de acceso al expediente administrativo. expediente administrativo.

► acceso a la justicia.

► acceso a la justicia en materia penal.

Garantía de las partes y sus representantes de examinar, leer y copiar cualquier pieza del conjunto de documentos donde consta la información acerca de las gestiones, diligencias y contenido que sirven para el dictado de la resolución administrativa. ► expediente administrativo.

Potestad de la que gozan determinadas personas para allegarse a la información que consta en el legajo que contiene los documentos, escritos, resoluciones, pruebas e instrumentos de un proceso abierto ante un órgano judicial. ► expediente judicial.

Atribución que se arroga un negocio o establecimiento público y que se concreta en una manifestación, por lo general escrita, donde se indica la posibilidad de rechazar o expulsar a determinados clientes, sin que haya circunstancia que lo amerite o razón que ofrecer. El ‘derecho de admisión’, salvo reglamentación específica, no es propiamente un derecho; sino una política de ingreso y estadía establecida por la administración de un local público. || En materia de asociaciones, potestad de determinados asociados para rechazar el ingreso de otros nuevos.

En derecho internacional y en derechos humanos, institución de protección y ayuda humanitaria consistente en el amparo que un Estado da a una persona perseguida por razones de nacionalidad, etnia, religión, grupo social u opinión política. || Amparo que un Estado da al acusado o condenado por persecución política. ► asilo político. refugiado (a). refugiar.

Garantía, por lo general relacionada con la gratuidad y exención de gastos en el procedimiento, la cual consiste en la asistencia, ilustración, información especializada o representación letrada que se le brinda a una persona que se ve inmersa en un proceso judicial o jurisdiccional. En cuanto al derecho de asistencia jurídica: “[…] su objetivo directo es permitir que aquella persona que no tenga los medios económicos suficientes actúe en el proceso para ejercitar pretensiones o bien combatir las contrarias, esto es, trata de asegurar que nadie quede procesalmente indefenso por estar falto de recursos para litigar”.  (Sentencia del Tribunal de Familia, N.º 132 de 08:40 h del 26 de enero de 2010). ► asesoría jurídica. asesoría jurídica gratuita. asesoría legal. tutela judicial efectiva. 

► derecho constitucional de libre asociación.

Noción que comprende la prevención de las enfermedades, su tratamiento y rehabilitación; amén de la protección ambiental y la procuración de un estado de bienestar físico, mental y social. “Modernamente se ha considerado que, como no es posible garantizar a ninguna persona la salud perfecta, lo correcto es hablar del derecho a la atención de la salud. La atención a la salud comprende una amplia variedad de servicios que se ocupan desde la prevención de las enfermedades, hasta la protección ambiental, el tratamiento y la rehabilitación, cuyo fin último es lograr en los seres humanos, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Consecuentemente, el derecho a la salud debe considerarse como una extensión del derecho a la vida […]”. (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, N.° 219 de 10:45 h de 22 de octubre de 2020). ► derecho a la salud. derecho a la vida.