Diccionario

Conjunto de actuaciones, trámites o procedimientos, gestionado jurisdiccionalmente, que concierne a conflictos que suponen la aplicación de la ley. || Serie de actos que se conforma como un método para resolver conflictos entre diversos sujetos y que son resueltos por una tercera persona imparcial. || Juicio que se sigue ante un juez, jueza o tribunal, y que tiende a puntualizar el derecho de una pretensión y que termina con una sentencia o fallo. || Relación de pretensiones, manifestaciones y pruebas, a fin de que una persona que juzga, decida alguna cosa. || Sucesión progresiva de actos que busca solucionar un litigio. || Causa penal. ► causa 1. || Transcurso, sucesión. || Paso hacia delante, avance.

Proceso de menor duración que el ordinario, en virtud de que se limitan algunas reconvenciones, se amplían los momentos procesales para la presentación de prueba, además de la concentración y simplificación de ciertos actos procesales. || En materia procesal civil, el que por la brevedad de plazos, sencillez de formas y limitación en la interposición de recursos tiene una tramitación célere. El proceso abreviado se diferencia del proceso de conocimiento, en cuanto a su mayor simplicidad desde el punto de vista formal. ► proceso de conocimiento.

> abreviado de interdicción.

► abreviado de obra nueva.

> abreviado de separación judicial.

> proceso especial de protección en sede administrativa.

Conjunto de actuaciones, trámites o procedimientos, tramitado jurisdiccionalmente, que concierne a conflictos que suponen la aplicación de la ley agraria y de las distintas normas que regulan las actividades de producción, transformación, industrialización y enajenación de productos agrícolas. La jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte de manera reiterada ha dispuesto que: “Las características del proceso agrario se orientan en tres direcciones fundamentales: 1º Se basa en una concepción moderna, sobre el principio de la oralidad - inmediatez y concentración, para ser más rápido, más económico, menos formal y menos fiscal; 2º con mayores poderes al Juez para atenuar el principio dispositivo, y con una función activa para adquirir un carácter social asistencial; y, 3º garantía de tutela de los derechos de los sujetos agrarios...”. (Sentencia de la Sala Primera, nº 223 de 15:30 h de 6 de julio de 1990).

Procedimiento extrajudicial mediante el cual las partes envueltas en controversia se comprometen a someter dudas, pugnas o diferencias al conocimiento de un tercero para que este resuelva el conflicto o dictamine acerca de él. ► árbitro (a). || Proceso alterno, de naturaleza jurisdiccional, utilizado para dirimir diferencias patrimoniales, cuya decisión final tiene fuerza de cosa juzgada material. El proceso arbitral ha de ser voluntario y convenido libremente por las partes.

Conjunto de actuaciones o procedimientos, tramitado jurisdiccionalmente, que concierne a conflictos de carácter privado; sea entre sujetos particulares o entre estos y una entidad pública cuando esta no actúa en su carácter de Administración. “El proceso civil se inicia con la demanda, pero se desarrolla por impulso oficial y por actividad de las partes. Los jueces serán responsables de cualquier demora, siempre que ello sea producto de su negligencia” (Artículo 1, Ley N.º 7130 de 16 de agosto de 1989). ► derecho civil. derecho privado.

En materia contencioso administrativa, conjunto de actuaciones, trámites o procedimientos, gestionado jurisdiccionalmente, cuya pretensión se circunscribe a aspectos patrimoniales relacionados con la responsabilidad civil de la Administración; el dominio, la posesión y titularidad de bienes inmuebles; el cobro judicial y las expropiaciones. En el proceso civil de Hacienda se puede dilucidar la responsabilidad civil contractual y extracontractual de la Administración. ► pretensión. responsabilidad civil.

Proceso en el que existe contradicción, oposición o impugnación entre partes. || Conjunto de procedimientos que versan sobre una disputa en juicio en la que hay un litigio entre partes y que es sometido al fallo o arbitrio de los tribunales.

► proceso contencioso-administrativo

El que se establece para el conocimiento y resolución de conflictos jurídicos producidos entre el particular y la Administración, cuando esta realiza actos de poder o autoridad. || Proceso que se incoa con el fin de disponer un control judicial de la legalidad de las actuaciones de la Administración pública y la garantía de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los particulares. || Aquel cuyo objeto es garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado y de toda entidad de derecho público. || Proceso seguido para el control de actuaciones y garantías devenidas de una relación jurídica administrativa que se rija por el derecho administrativo. ► derecho administrativo.

En materia contencioso administrativa, conjunto de actuaciones, trámites o procedimientos, gestionado jurisdiccionalmente, en el que la pretensión se limita a conseguir la invalidez de una conducta específica. ► invalidez 2. pretensión.

> proceso de conocimiento.

Proceso con el que un órgano  jurisdiccional conoce y resuelve acerca de un litigio y declara a quién le corresponde el derecho o la cosa disputada. || Proceso que busca que un juez o tribunal conozca y realice una declaración de voluntad, de consecuencias jurídicas, acerca de una situación determinada o una pretensión aducida. || Adquisición y desarrollo de saberes y entendimientos culturales, técnicos y sociales.

Dicho del conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez en el cual el valor de la materia litigiosa es indeterminado en virtud de su excesivo o mínimo valor. || Proceso en el que no se determina o establece el valor de lo discutido.

> proceso de conocimiento.

Aquel mediante el cual se pretende la expulsión de un inquilino o arrendatario por vencimiento de contrato o incumplimiento de alguna disposición legal o acordada. > desahucio. || Proceso por el cual se expulsa de una vivienda al propietario que no puede hacer frente a una hipoteca.

Conjunto de actos y trámites, cuyas pretensiones y argumentos tienden a que se realice y actúe en la vida real lo que se conoció y declaró jurídicamente. Expone don Olman Arguedas: “Se sigue la trayectoria más reciente en cuanto a concepto de proceso de ejecución, pues no se le considera como una fase del proceso de conocimiento, en cuyo caso habría que hablar de ejecución de sentencias, sino de proceso de ejecución como correctamente ocurre”. “El proceso de ejecución requiere, para su inicio, de una sentencia firme o un documento ejecutoriable y ejecutorio (acuerdos conciliatorios, transacciones, hipotecas, prendas). Es importante aclarar que se trata de un proceso con su propia regulación, reglas y fines, e incluso más célere, independientemente de que en ocasiones se tramite como una "fase final" de otro (al que se le llaman principal). Esa posibilidad de tramitarlo dentro de otro expediente, existe únicamente por economía procesal y para agilizar el cumplimiento de lo ordenado o acordado”. ► ejecución de sentencia. || Proceso en el que se pretende del juez una manifestación de voluntad distinta de la simple declaración acerca de la pretensión aducida. ► proceso de conocimiento. proceso declarativo. proceso ejecutivo.

En Costa Rica, en algunos despachos del Poder Judicial, nomenclatura administrativa o voz técnica que se usa para, en una sentencia, indicar o advertir que el proceso tiene como objeto principal un asunto referente al empleo público. ► empleo público.

Sucesión de actos que posibilita ampliar un criterio jurídico, dictado y reiterado por tribunales supremos, además de adecuarlo o de ajustarlo, a favor de personas que intervienen en el proceso en carácter propio y no como demandantes o demandadas. “I.- El Código Procesal Contencioso Administrativo [Ley 8508] regula, a partir del artículo 185, el proceso de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros. Se trata de un instituto procesal […] dentro del ordenamiento jurídico administrativo costarricense, que posibilita extender a terceros la decisión adoptada jurisprudencialmente en una determinada situación fáctica, y una específica valoración jurídica. Se dirige, por tanto, a la aplicación de lo resuelto en al menos dos precedentes jurisdiccionales de la Sala Primera de la Corte o el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, según corresponda, a favor de personas cuya situación coincida con el supuesto fáctico jurídico valorado en aquellas resoluciones de reconocimiento o restablecimiento. Su finalidad se orienta a la simplificación y celeridad en la solución de nuevos conflictos, a través de la aplicación de referentes jurisprudenciales a terceros que, aunque ajenos a la relación jurídica procesal del juicio en que originalmente fueron dictadas, ostentan pretensiones que mantienen igualdad en objeto y causa con lo ya fallado. Aunque como regla general, tal y como lo señala el artículo 130 del Código de rito, el ámbito espacial de las sentencias tiene una eficacia inter partes, lo cierto es que este proceso especial, flexibiliza, en alguna medida, esa limitación. Lo anterior a través de un instrumento procesal útil y más corto, previa declaratoria administrativa o judicial que acredite, de manera fehaciente, que se está tutelando la misma situación. Al fin de cuentas y como exigencia elemental de los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, certeza jurídica e igualdad, si el tema de fondo o sustantivo que se pretende ya ha sido resuelto en forma constante y armónica por la jurisprudencia, solo resta definir si esa línea jurisprudencial es aplicable o no al tercero. […]. III.- El Código Procesal ya citado establece tres presupuestos procesales para la admisión y procedencia de este nuevo proceso. Primero, la existencia de dos fallos en similar dirección dictados por la Sala Primera o el Tribunal de Casación que hayan reconocido una situación jurídica coincidente en objeto y causa con la que pretende en su favor el gestionante. Esta exigencia busca no solo constatar la reiteración de un determinado criterio jurídico sino también confrontar los precedentes con el plano concreto del gestionante, lo que permitirá, en última instancia, establecer la identidad objetiva y causal para poder expandir los efectos de los fallos a favor del promovente. Segundo, la igualdad de objeto y causa con lo ya resuelto. En este sentido, debe entenderse el objeto como la pretensión o relación jurídica sobre la cual se aplica la fuerza vinculante de lo fallado. Así, el objeto de lo decidido se refiere a la situación jurídica reconocida, reestablecida o modificada. Se requiere que la situación cuya tutela se procura en el nuevo proceso mantenga igualdad objetiva con la declarada en los precedentes cuya aplicación se gestiona, esto es, se trate de idéntica pretensión procesal. Exige además, el artículo 185 inciso 1) del Código de marras, igualdad en la causa que se funda la pretensión. La causa constituye el título a partir del cual se deriva la pretensión, esto es, las razones de hecho o elementos fácticos relevantes en el plano jurídico. En conclusión, lo pretendido (petitio) y los motivos que la fundamenten (causa petendi), han de ser idénticos a los ya resueltos en los fallos previos. Tercero, la acreditación de la situación jurídica. En este sentido, establecida la identidad de objeto y causa con lo fallado, el accionante deberá demostrar en forma debida que se encuentra en un contexto jurídico similar al que fue objeto de valoración en las resoluciones en las que fundamenta su pretensión para así poderle extender la solución ya declarada. (Sala Primera de la Corte, N.° 497 de 15:20 h de31 de julio de 2008). ► jurisprudencia.

Conjunto de actuaciones, trámites o procedimientos, jurisdiccionalmente gestionado, que posibilita que una vez contestada la demanda o contrademanda, se dicte el fallo sin que sea necesario celebrar las audiencias previstas en la normativa procesal. En cuanto al proceso de fallo directo, el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece: “1) El actor o reconventor podrá solicitar en su demanda o contrademanda que, una vez contestadas, el proceso se falle sin necesidad de recibir prueba, prescindiendo, incluso, de la conciliación y celebración de audiencias. 2) Si la parte demandada o contrademandada no se opone a esa petición, y el juez tramitador así lo estima procedente, el Tribunal deberá dictar sentencia, sin más trámite, dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del auto que acoge la gestión”.

Conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez con el cual se busca dirimir conflictos o declarar situaciones concernientes a las relaciones, personales o patrimoniales, de quienes integran un grupo familiar, entre sí y respecto de terceros. ► derecho de familia.

Mecanismo jurisdiccional y legal mediante el cual se autoriza a las Administraciones públicas a anular actos declaratorios de derechos dictados por ellas. El proceso de lesividad se puede ver como una excepción al principio de la intangibilidad de los actos propios y favorables para el administrado. (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Sexta, N.° 155 de 10:50 h. de 20 de diciembre de 2018). || Conjunto de trámites y actuaciones administrativas con el que se busca la determinación de que un acto administrativo es lesivo para el interés público. ► lesividad. lesividad del acto administrativo.