Diccionario

Precepto establecido en la Constitución política que consigna el derecho a contar con una jurisdicción ante la que se sometan los conflictos o pretensiones; a que se resuelva acerca de lo pedido; y a ser parte en el proceso. ► acceso a la justicia. tutela judicial efectiva. || Precepto establecido en la Constitución política que consigna el derecho a la reparación por un daño sufrido.

Precepto procesal que se refiere al trámite anexo o accesorio de la demanda civil dentro del proceso penal. “Al respecto es necesario aclarar que el principio de accesoriedad que se invoca en este fallo, ni siquiera resultara aplicable en la solución sustantiva que se adoptó, pues el mismo es de naturaleza estrictamente procesal (adjetiva) y se refiere a la tramitación conjunta (pero accesoria) que se le debe dar a la demanda civil dentro del proceso penal, lo que de ningún modo implica que cuando se emita el pronunciamiento de fondo y se absuelva en lo penal, necesariamente debe correr igual suerte lo civil”. (Tribunal De Casación Penal, N.° 1282 de 15:10 h de 17 de diciembre de 2008)”. ► demanda civil.

En materia laboral, precepto que establece que el despido no puede basarse en causas acaecidas mucho tiempo atrás, sino que la falta debe ser presente. En relación con el principio de actualidad, el Código de Trabajo de Costa Rica (Ley 2 del  27 de agosto de 1943) establece: “Artículo 414.- Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras para despedir justificadamente a los trabajadores o las trabajadoras [sic], o para disciplinar sus faltas, prescribirán en el término de un mes, que comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que fueran conocidos los hechos causales”. O sea, la actualidad de la sanción comporta que se imponga en el mes siguiente que se cometió la infracción o desde que el patrono tuvo conocimiento del hecho sancionable.

Locución jurídica sinónima de ‘principio de comunidad de la prueba’. “IV. […] De conformidad con el principio de la comunidad de la prueba, también conocido como principio de adquisición procesal, una vez admitido el medio probatorio, que en el ejercicio de su derecho dispositivo, han ofrecido las partes para demostrar los hechos en que fundan sus pretensiones o excepciones, éste pertenece al proceso, de tal manera, que no es posible el desistimiento o renuncia tácita o expresa del mismo”. (Tribunal Primero Civil, N.° 952 de 08:25 h de 9 de noviembre de 2011). ► comunidad de la prueba. principio de comunidad de la prueba.

Canon que estipula la posibilidad de las partes de traer al proceso, dentro de los parámetros legales, toda prueba lícita que consideren pertinente para el ejercicio de sus derechos e intereses y que coadyuve a la averiguación de una verdad. “6.- […] Puede afirmarse que existe una garantía reforzada a favor de las partes, en especial del imputado, para hacer valer el derecho de audiencia en el sentido de hacer llegar al proceso la prueba que estime necesaria; pero también en la aplicación del principio de amplitud de la prueba le asiste la posibilidad al juez de desdeñar un medio legítimo de prueba si éste resulta manifiestamente impertinente”. (Sala Constitucional, N.° 14918 de 14:51 h de 8 de octubre de 2008). ► amplitud de la prueba. principio de amplitud probatoria.

Precepto sinónimo de “principio de amplitud de la prueba” y que comprende la posibilidad jurisdiccional de probar cualquier cosa por medios legítimos. "III. [...] En tal sentido, debe tenerse presente que el artículo 355 del Código Procesal Penal, prevé la posibilidad de ofrecer prueba durante el debate, prescribiendo “excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas, que requieren su esclarecimiento.” (sic). La norma equivalente a esa fue analizada por la Sala Constitucional en el voto número 1739-92 desarrollando el principio de amplitud probatoria que, en lo que interesa, establece “la finalidad del procedimiento es ante todo la averiguación real de los hechos tanto, el Ministerio Público como el juez tienen el deber de investigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin desdeñar ningún medio legítimo de prueba, sobre todo si es ofrecida por la defensa y no resulte manifiestamente impertinente, e inclusive ordenando para mejor proveer la que sea necesaria aún si es ofrecida irregular o extemporáneamente” (sic). [...]". (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, N.º 763 de 09:20 h de 15 de junio 2023). ► amplitud de la prueba. principio de amplitud de la prueba.

En materia presupuestaria, criterio que establece que las administraciones públicas deben estimar y autorizar sus ingresos y gastos correspondientes a un año. En Costa Rica, la Ley 8131 de 2001 establece: "Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1° de enero al 31 de diciembre”. ► presupuesto.

Criterio que el juez adopta para determinar la disposición de medidas cautelares, a partir de la posibilidad o probabilidad de lo que una de las partes pide se ajusta a derecho y puede eventualmente ser concedido. ► apariencia de buen derecho. fumus boni iuris. medidas cautelares. periculum in mora.

Canon que establece que, en cuanto a la aplicación de normas laborales de similar nivel jerárquico, se ha de optar por la que esencialmente favorezca al empleado. ► condición más beneficiosa. norma más favorable al trabajador (a). principio in dubio pro operario. principio protector laboral. teoría de la inescindibilidad o del conjunto.

Precepto procesal que establece que recae sobre las partes la obligación de aportar las probanzas, evidencias o demostraciones para que el juez decida. Con respecto al principio de aportación de prueba se dicho que “es a las partes a las que les incumbe, de modo exclusivo, la función de introducir los hechos sobre los cuales ha de versar la controversia y la de producir la prueba que estimen pertinente, para acreditarlos (doctrina de los numerales 461 y 464 del Código de Trabajo y 305, 316 y 317 del Procesal Civil). Así, para alcanzar su propósito, quien acciona debe alegar y demostrar los aspectos fácticos constitutivos del derecho reclamado y, quien figura como accionado o accionada, ha de hacer lo propio respecto de aquellos que tengan carácter extintivo, obstativo o excluyente del mismo”. (Sala Segunda, N.° 363 de 10:10 h de 19 de noviembre de 1999). 

Precepto que enuncia la libertad de los sujetos de derecho de decidir y ordenar la propia conducta de manera que defina la modalidad y alcances de sus relaciones. “V. […].  El principio de autonomía de la voluntad ha sido y aún lo es, eje fundamental del derecho de los contratos privados.  No siempre resultó ser así, ni necesariamente lo es ahora en el grado que podría pensarse, pero al caso resulta de aplicación en gran medida.  La idea fundamental que la dogmática dice de él, dentro del derecho privado patrimonial, es que las partes pueden definir sus intereses económicos en razón de un ámbito de libertad que ha de reconocérsele como consecuencia del principio de dignidad humana.  A lo anterior se suma la idea de igualdad entre los contratantes, máxima que junto a las ya dichas crean el conjunto necesario que justifica la obligatoriedad de los contratos, en un esquema tradicional.  Bajo esos parámetros, el consentimiento juega un papel esencial pues constituye la expresión de la voluntad conjunta de los contratantes originando así el pacto -a de aclararse que lo anterior resulta ser un razonamiento válido sólo en contratos paritarios-”. (Tribunal Segundo Civil, Sección I, N.° 67 de 09:00 h de 14 de marzo de 2008). ► autonomía de la voluntad.

En Costa Rica, precepto que enuncia que lesiones a derechos devenidas de un proceso judicial determinado puedan reclamarse en ese mismo expediente, mas no en otro diferente. En despachos costarricenses, se da la sinonimia entre ‘principio de autonomía de los procesos’ con el ‘principio de independencia de los procesos judiciales’. ► principio de independencia de los procesos judiciales. || En materia de política criminal, precepto que enuncia la garantía de que en procesos penales las decisiones no sean tomadas a partir de presiones sociales, policiales, militares o partidarias. ► política criminal.

Precepto que comprende la intervención, o algún tipo de intervención, conjunta entre la víctima y el autor de la lesión. || Pauta que engloba los hechos en los cuales la víctima ha tenido algún tipo de intervención en la comisión del delito. ► autopuesta en peligro.

Pauta que engloba la rectitud y la honradez en el actuar. ► buena fe. litigante de buena fe.

Precepto que comprende, al momento de celebrar y ejecutar el contrato, actuar con rectitud y honradez y ejercer un comportamiento adecuado a las expectativas de otro. Con respecto al principio de buena fe contractual, en Costa Rica, se ha dicho: "La buena fe contractual se refiere esencialmente a la conducta de las partes de un contrato, es decir, al respeto que debe existir entre ellos, para lograr llevar a buen término lo convenido. La buena fe es una condición de la manera de actuar u obrar, que debe ser apreciada con base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de acuerdo a [sic] las circunstancias del caso concreto”. (Tribunal Agrario, N.° 406 de 15:37 h de 16 de mayo de 2018). ► buena fe. contrato.

Pauta que engloba la rectitud y la honradez de las partes en el actuar en materia concerniente a las relaciones de trabajo y las consecuencias jurídicas de la actividad del ejercicio del oficio o profesión, entre patronos y trabajadores, y entre estos y el Estado. “Principio de Buena Fe [en materia laboral], según el cual en las relaciones obrero-patronales los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que de los mismos se desprendan según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley (artículo 19 CT). Importa aquí destacar que este principio abarca lo que se denomina la buena fe-creencia, que denota la posición de quien ignora determinados hechos y por ello piensa que su conducta es legítima, no perjudica a nadie; así como la buena fe-lealtad, que refiere a la conducta de la persona que realmente considera cumplir con su deber, supone una posición de honestidad y honradez, pues tiene implícita la conciencia de no engañar ni dañar a nadie”. (Informe de la Procuraduría General de la Republico, procurador informante, Luis Guillermo Bonilla Herrera, San José, 5 de octubre de 2005).

Precepto que comprende la convicción de las partes de que su pretensión es legítima y que no es realizada con abuso de derecho, fraude de ley o del proceso. Con respecto al principio de buena fe procesal se ha dicho: “V. [...] Jurisprudencial y doctrinariamente, la buena fe procesal implica la convicción de la parte de que su pretensión es legítima, y de que el derecho reclamado en juicio, sin duda, le corresponde (Sala Segunda, votos N° 666-2012 de las 09:55 horas del 10/08/2012, N° 135-2014 de las 08:55 horas del 12/02/2014, N° 161-2018 de las 11:15 horas del 24/01/2018 y N° 1933-2019 de las 12:45 horas del 10/10/2019)”. (Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Guanacaste, Sede Liberia, N.° 13 de 2024). ► abuso de derecho. fraude de ley. fraude procesal.

En Costa Rica, descriptor del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial derivado del concepto de “caja única del Estado”. ► caja única del Estado.

En materia electoral, pauta que determina que los plazos para la realización de actividades electorales deben ser breves y preclusivos. El principio de calendarización establece que, dado que los procesos electorales se realizan siempre dentro de plazos cortos, “tales procesos afectan a una pluralidad de sujetos durante su duración, lo que hace necesario que todas sus etapas estén claramente delimitadas y precisadas en el tiempo; en buena medida es una derivación en el ejercicio de la función pública. Asimismo, los procesos electorales tienen por fin obtener una representación política del pueblo en los órganos de dirección y representación del Estado. Así los diferentes actos de los órganos electorales y de los grupos participantes en el proceso se deben producir en un determinado plazo, con el fin de que no se altere la secuencia normal del proceso”. (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, N.° 22 de 08:00 h de 23 de marzo de 2015).

En Costa Rica, noción desarrollada por la Sala Constitucional que, como parámetro de la calidad de vida, la equipara al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la garantía de hacer uso del ambiente con el deber de protegerlo y preservarlo, mediante un ejercicio racional y el disfrute útil del derecho. “3.- Principio de la calidad ambiental: […]  El Estado también tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, debe tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación y, en general, las alteraciones producidas por el hombre que constituyan una lesión al medio”. (Sala Constitucional, N.° 6322 de 14:14 h de 3 de julio de 2003). ► calidad de vida. derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Regla que determina la imposición legal de la obligación tributaria con base en la prueba de la posibilidad o suficiencia, de la persona física o jurídica, para enfrentar una obligación tributaria. “…El principio de capacidad económica es regla básica en el reparto o distribución de la carga tributaria, que consiste en la tributación según la capacidad económica, que guarda estrecha relación con el de la igualdad que representa una de las determinaciones o principios constitutivos del derecho Moderno; el principio de capacidad económica, cumple tres funciones esenciales; de fundamento de la imposición o de la tributación, de límite para el legislador en el desarrollo de su poder tributario y de programa u orientación para el mismo legislador en cuanto al uso de ese poder” (Pérez Royo, 2005). ► capacidad económica.

Descriptor extendido de “principio de capacidad económica”. ► principio de capacidad económica.

En derecho sancionatorio, precepto que indica la necesidad de que haya una relación de causa y efectos entre la falta cometida o acaecida y el acto jurídico que sanciona. ► causalidad.

Precepto que indica la necesidad de que haya una relación de causa y efecto entre la falta cometida o acaecida y el acto jurídico de despido. ► causalidad. despido.

Precepto que indica la necesidad de que los procedimientos se lleven a cabo con rapidez, sin dilaciones injustificadas o innecesarias y dentro de los términos que establece la ley o los reglamentos. “III. […] En efecto, el presente [caso] no se encuentra listo para dictar el fallo, toda vez, que hay prueba testimonial por recabar; hay que tener presente uno de los principios más importantes en el Derecho Procesal es el [principio] de celeridad y en virtud de éste, debe evitarse cualquier dilación innecesaria en la tramitación de los asuntos y procurar que se avance lo más posible en las distintas etapas del procedimiento, con el fin de dar cumplimiento al principio de justicia pronta y cumplida”. Tribunal de Apelación Civil y de Trabajo Zona Sur, N.^o 40 de 16:43 h de 12 de marzo de 2019. ► celeridad de la Administración pública.