Diccionario

Precepto estatuido en la Constitución Política que consigna la obligación de que las actuaciones del poder público estén sometidas o reguladas por la ley. El principio constitucional de legalidad tiene como corolario los principios de regulación mínima, el de reserva de ley, el de “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” (ningún delito, ninguna pena sin previa ley) y la seguridad jurídica. ► principio de legalidad. principio de regulación mínima. principio de reserva de ley. nullum crimen, nulla poena sine prævia lege. seguridad jurídica.

Precepto estatuido en la Constitución Política que consigna la garantía de ejercer la actividad comercial o industrial en condiciones que impidan la existencia de monopolios o prohibiciones absolutas; y sin obstáculos ni privilegios estatales. En relación con el principio constitucional de libertad de comercio y libre competencia se ha dicho: “IV.- SOBRE EL PRINCIPIO DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS. La Sala Constitucional ha reconocido, entre otros, en el Voto No. 1195-91, que en el artículo 46 de nuestra Carta Magna se consagra el principio de libertad empresarial. Dentro de esa libertad, se ubica la libre competencia y la defensa de ésta como límite de la primera. Del texto constitucional, se deducen, además de la libertad de empresa y el mercado, los derechos fundamentales del consumidor, entre ellos, la salud, el ambiente, seguridad e intereses económicos y derechos instrumentales necesarios para garantizar esos derechos fundamentales, como la información, la educación y la participación de organizaciones propias con el apoyo estatal.  En general, del citado numeral se puede inferir tres intereses:  de los empresarios o competidores, el de los consumidores y el del mercado. Esa concurrencia de intereses, públicos y privados, refleja un modelo social de competencia, caracterizado porque toma en consideración tanto la defensa del interés privado de los empresarios como la del interés colectivo de los consumidores y el interés público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado. La tutela de ese modelo se refleja en una serie de normas tales como la Ley No. 7472, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la Ley No. 7593, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Ley No. 7732, Reguladora del Mercado de Valores, entre otras. En lo que interesa a este proceso, debe señalarse que, sin duda, la protección de la competencia se torna indispensable dentro de una economía de mercado, a efectos de prevenir y eliminar aquellas circunstancias que se configuran en impedimentos para la libertad de empresa, en sus diversas vertientes, pudiendo llevar con ello al entorpecimiento del mercado mismo. (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VI, N.° 727 de 10:40 h de 26 de febrero de 2010). ► libertad de comercio y libre competencia.

En Costa Rica, en el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial del Poder Judicial, descriptor sinónimo de ‘principio constitucional de libertad de comercio y libre competencia’. ► principio constitucional de libertad de comercio y libre competencia.

Precepto estatuido en la Constitución Política que consigna la libertad de las partes, en la celebración de un contrato, para determinar el objeto y contenido de lo contratado, con las únicas limitaciones que impongan el derecho, las buenas costumbres y la moral. ► libre contratación.

Precepto establecido en la Constitución política que consigna la facultad de la persona de no declarar contra sí misma en un proceso penal. ► derecho a no declarar contra sí mismo en el proceso penal.

Precepto establecido en la Constitución política que consigna que una sanción impuesta debe ser necesaria, igual y ajustada a la gravedad de la acción punible que se realizó. || Regla dispuesta en la Constitución Política que establece la consideración de la idoneidad, necesidad y ponderación de la intervención del Estado en asuntos concernientes a conflictos entre diversos derechos fundamentales.

Precepto establecido en la Constitución política que consigna el amparo, cuido, resguardo, salvaguarda o preservación, además de la ayuda y respaldo, que se le da, o se dan entre sí, personas emparentadas por consanguinidad, afinidad o filiación. ► protección a la familia.

Precepto establecido en la Constitución política que consigna el amparo, cuido, resguardo, salvaguarda o preservación a la persona que tiene más de 65 o 70 años de edad. ► adulto mayor (a). anciano (a).

Precepto establecido en la Constitución política que consigna el amparo, cuido, resguardo, salvaguarda o preservación a la persona que padece insania o alguna enfermedad mental. ► protección al enfermo.

Precepto establecido en la Constitución política que consigna el amparo, cuido, resguardo, salvaguarda o preservación del conjunto de bienes, créditos, deudas u obligaciones que posee un conjunto de parientes que viven en una misma residencia, bajo la autoridad de uno o varios de ellos. ► patrimonio familiar.

En Costa Rica, descriptor que comprende el principio de razonabilidad establecido en la Constitución política. “...En efecto, el principio de razonabilidad implica que el Estado pueda limitar o restringir el ejercicio abusivo del derecho, pero debe hacerlo en forma tal que la norma jurídica se adecue en todos sus elementos como el motivo y el fin que persigue, con el sentido objetivo que se contempla en la Constitución. Quiere ello decir que deba existir una proporcionalidad entre la regla jurídica adoptada y el fin que persigue, referida a la imperiosa necesidad que la ley satisfaga el sentido común jurídico de la comunidad, expresado en los valores que consagra la misma Constitución". (Sala Constitucional, N.° 1420 de 09:00 h de 24 de junio de 1991). ► principio de razonabilidad.

Precepto establecido en la Constitución política que consigna el derecho a contar con una jurisdicción ante la que se sometan los conflictos o pretensiones; a que se resuelva acerca de lo pedido; y a ser parte en el proceso. ► acceso a la justicia. tutela judicial efectiva. || Precepto establecido en la Constitución política que consigna el derecho a la reparación por un daño sufrido.

Precepto procesal que se refiere al trámite anexo o accesorio de la demanda civil dentro del proceso penal. “Al respecto es necesario aclarar que el principio de accesoriedad que se invoca en este fallo, ni siquiera resultara aplicable en la solución sustantiva que se adoptó, pues el mismo es de naturaleza estrictamente procesal (adjetiva) y se refiere a la tramitación conjunta (pero accesoria) que se le debe dar a la demanda civil dentro del proceso penal, lo que de ningún modo implica que cuando se emita el pronunciamiento de fondo y se absuelva en lo penal, necesariamente debe correr igual suerte lo civil”. (Tribunal De Casación Penal, N.° 1282 de 15:10 h de 17 de diciembre de 2008)”. ► demanda civil.

En materia laboral, precepto que establece que el despido no puede basarse en causas acaecidas mucho tiempo atrás, sino que la falta debe ser presente. En relación con el principio de actualidad, el Código de Trabajo de Costa Rica (Ley 2 del  27 de agosto de 1943) establece: “Artículo 414.- Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras para despedir justificadamente a los trabajadores o las trabajadoras [sic], o para disciplinar sus faltas, prescribirán en el término de un mes, que comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que fueran conocidos los hechos causales”. O sea, la actualidad de la sanción comporta que se imponga en el mes siguiente que se cometió la infracción o desde que el patrono tuvo conocimiento del hecho sancionable.

Locución jurídica sinónima de ‘principio de comunidad de la prueba’. “IV. […] De conformidad con el principio de la comunidad de la prueba, también conocido como principio de adquisición procesal, una vez admitido el medio probatorio, que en el ejercicio de su derecho dispositivo, han ofrecido las partes para demostrar los hechos en que fundan sus pretensiones o excepciones, éste pertenece al proceso, de tal manera, que no es posible el desistimiento o renuncia tácita o expresa del mismo”. (Tribunal Primero Civil, N.° 952 de 08:25 h de 9 de noviembre de 2011). ► comunidad de la prueba. principio de comunidad de la prueba.

Canon que estipula la posibilidad de las partes de traer al proceso, dentro de los parámetros legales, toda prueba lícita que consideren pertinente para el ejercicio de sus derechos e intereses y que coadyuve a la averiguación de una verdad. “6.- […] Puede afirmarse que existe una garantía reforzada a favor de las partes, en especial del imputado, para hacer valer el derecho de audiencia en el sentido de hacer llegar al proceso la prueba que estime necesaria; pero también en la aplicación del principio de amplitud de la prueba le asiste la posibilidad al juez de desdeñar un medio legítimo de prueba si éste resulta manifiestamente impertinente”. (Sala Constitucional, N.° 14918 de 14:51 h de 8 de octubre de 2008). ► amplitud de la prueba. principio de amplitud probatoria.

Precepto sinónimo de “principio de amplitud de la prueba” y que comprende la posibilidad jurisdiccional de probar cualquier cosa por medios legítimos. "III. [...] En tal sentido, debe tenerse presente que el artículo 355 del Código Procesal Penal, prevé la posibilidad de ofrecer prueba durante el debate, prescribiendo “excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas, que requieren su esclarecimiento.” (sic). La norma equivalente a esa fue analizada por la Sala Constitucional en el voto número 1739-92 desarrollando el principio de amplitud probatoria que, en lo que interesa, establece “la finalidad del procedimiento es ante todo la averiguación real de los hechos tanto, el Ministerio Público como el juez tienen el deber de investigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin desdeñar ningún medio legítimo de prueba, sobre todo si es ofrecida por la defensa y no resulte manifiestamente impertinente, e inclusive ordenando para mejor proveer la que sea necesaria aún si es ofrecida irregular o extemporáneamente” (sic). [...]". (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, N.º 763 de 09:20 h de 15 de junio 2023). ► amplitud de la prueba. principio de amplitud de la prueba.

En materia presupuestaria, criterio que establece que las administraciones públicas deben estimar y autorizar sus ingresos y gastos correspondientes a un año. En Costa Rica, la Ley 8131 de 2001 establece: "Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1° de enero al 31 de diciembre”. ► presupuesto.

Criterio que el juez adopta para determinar la disposición de medidas cautelares, a partir de la posibilidad o probabilidad de lo que una de las partes pide se ajusta a derecho y puede eventualmente ser concedido. ► apariencia de buen derecho. fumus boni iuris. medidas cautelares. periculum in mora.

Canon que establece que, en cuanto a la aplicación de normas laborales de similar nivel jerárquico, se ha de optar por la que esencialmente favorezca al empleado. ► condición más beneficiosa. norma más favorable al trabajador (a). principio in dubio pro operario. principio protector laboral. teoría de la inescindibilidad o del conjunto.

Precepto procesal que establece que recae sobre las partes la obligación de aportar las probanzas, evidencias o demostraciones para que el juez decida. Con respecto al principio de aportación de prueba se dicho que “es a las partes a las que les incumbe, de modo exclusivo, la función de introducir los hechos sobre los cuales ha de versar la controversia y la de producir la prueba que estimen pertinente, para acreditarlos (doctrina de los numerales 461 y 464 del Código de Trabajo y 305, 316 y 317 del Procesal Civil). Así, para alcanzar su propósito, quien acciona debe alegar y demostrar los aspectos fácticos constitutivos del derecho reclamado y, quien figura como accionado o accionada, ha de hacer lo propio respecto de aquellos que tengan carácter extintivo, obstativo o excluyente del mismo”. (Sala Segunda, N.° 363 de 10:10 h de 19 de noviembre de 1999). 

Precepto que enuncia la libertad de los sujetos de derecho de decidir y ordenar la propia conducta de manera que defina la modalidad y alcances de sus relaciones. “V. […].  El principio de autonomía de la voluntad ha sido y aún lo es, eje fundamental del derecho de los contratos privados.  No siempre resultó ser así, ni necesariamente lo es ahora en el grado que podría pensarse, pero al caso resulta de aplicación en gran medida.  La idea fundamental que la dogmática dice de él, dentro del derecho privado patrimonial, es que las partes pueden definir sus intereses económicos en razón de un ámbito de libertad que ha de reconocérsele como consecuencia del principio de dignidad humana.  A lo anterior se suma la idea de igualdad entre los contratantes, máxima que junto a las ya dichas crean el conjunto necesario que justifica la obligatoriedad de los contratos, en un esquema tradicional.  Bajo esos parámetros, el consentimiento juega un papel esencial pues constituye la expresión de la voluntad conjunta de los contratantes originando así el pacto -a de aclararse que lo anterior resulta ser un razonamiento válido sólo en contratos paritarios-”. (Tribunal Segundo Civil, Sección I, N.° 67 de 09:00 h de 14 de marzo de 2008). ► autonomía de la voluntad.

En Costa Rica, precepto que enuncia que lesiones a derechos devenidas de un proceso judicial determinado puedan reclamarse en ese mismo expediente, mas no en otro diferente. En despachos costarricenses, se da la sinonimia entre ‘principio de autonomía de los procesos’ con el ‘principio de independencia de los procesos judiciales’. ► principio de independencia de los procesos judiciales. || En materia de política criminal, precepto que enuncia la garantía de que en procesos penales las decisiones no sean tomadas a partir de presiones sociales, policiales, militares o partidarias. ► política criminal.

Precepto que comprende la intervención, o algún tipo de intervención, conjunta entre la víctima y el autor de la lesión. || Pauta que engloba los hechos en los cuales la víctima ha tenido algún tipo de intervención en la comisión del delito. ► autopuesta en peligro.

Pauta que engloba la rectitud y la honradez en el actuar. ► buena fe. litigante de buena fe.