Diccionario

► principio internacional de no intervención.

► derecho a no declarar contra sí mismo en el proceso penal.

En apelaciones en el proceso civil, precepto que enuncia la improcedencia de la reforma oficiosa contraria al interés del recurrente. ► de oficio. reformatio in peius. || En derecho procesal civil, precepto que consigna la improcedencia de que, ante una apelación, el órgano o juez superior enmiende o revoque la resolución en la parte que no fue objeto del recurso. “La reforma en perjuicio o reformatio en pejus, también conocida como reforma peyorativa, importa un irrespeto al principio de que la apelación solo puede considerarse en lo desfavorable al recurrente, principio recogido en nuestra legislación en el artículo 565 del Código Procesal Civil y que además tiene una estrecha vinculación con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamada por el ordinal 41 de la Constitución Política, en tanto el admitir reformas oficiosas contrarias al interés del recurrente operaría como elemento disuasorio de la apelación. El vicio aflora cuando la modificación o reforma gravosa sobreviene, entonces, sin instancia de parte legítima”. ► principio de no reforma en perjuicio en materia penal.

En el derecho procesal penal, precepto que consigna la prohibición de que ante un recurso, con la nueva resolución, se dé una reforma o modificación de la primera sentencia que afecte negativamente los intereses del recurrente. ► non reformatio in peius. reformatio in peius.

Precepto que establece, en general, la interdicción o improcedencia de que la legislación ambiental y las resoluciones judiciales sean revisadas, si esto conlleva un retroceso en cuanto a los niveles de protección al ambiente que se hubieran alcanzado. En Costa Rica, en sentencia de la Sala Constitucional se apuntó, con respecto al principio de no regresión ambiental, que “Este principio no supone una irreversibilidad absoluta” y que, en ese caso, se obliga “a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. (Sala Constitucional, N.° 13367 de 21 de setiembre de 2012). ► principio de progresividad del derecho ambiental.

Precepto que postula que el impulso del proceso deberá estar a cargo del juzgador. || Norma que determina el deber de quien juzga de adoptar de oficio lo necesario para garantizar el ejercicio de los derechos, aun si no han sido invocados por las partes. || Locución sinónima de ‘impulso procesal del oficio’. ► impulso procesal. impulso procesal de oficio. oficiosidad 1.

Regla que determina el deber de quien juzga de adoptar de oficio lo necesario para garantizar el ejercicio de derechos, aun si no han sido invocados por las partes, en materia concerniente a la propiedad o a los trabajos relativos al cultivo de la tierra, al tratamiento del suelo, a las plantaciones, a la recolección de productos, a su consumo y a la transformación del medio ambiente para la satisfacción de necesidades. ► principio de oficiosidad.

En materia procesal penal, posibilidad legal del fiscal, previa autorización del superior jerárquico, para que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal; o para que se limite a alguna o algunas de las infracciones o para alguno de los involucrados en los hechos. La viabilidad de la aplicación del principio de oportunidad congloba hechos insignificantes, exigua participación del imputado, colaboración del acusado en la investigación en asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta o casos de tramitación compleja. Puede aplicarse cuando el agente haya sufrido, como consecuencia del hecho, daños graves que tornen desproporcionada la aplicación de una pena.

Postulado que comprende que las actuaciones judiciales se practiquen, preferentemente, mediante la palabra hablada o con procedimientos que incorporen esta forma. El artículo 2, inciso 6, del Código Procesal Civil (ley 9342) establece: “El proceso deberá ajustarse al principio de oralidad. La expresión oral será el medio fundamental de comunicación. Solo serán escritos, ya sea en soporte físico o tecnológico, aquellos actos autorizados expresamente por la ley y los que por su naturaleza deban constar de esa forma. En caso de duda entre la aplicación de la oralidad y la escritura, el tribunal escogerá siempre la oralidad”. || Canon que impone que las partes y partícipes del proceso deben realizar los actos procesales mediante la expresión oral. “[…] el juicio oral y público se fundamenta en el principio de oralidad, el cual lleva inmerso tres representativos sub principios, a saber, el de inmediatez, concentración y el de publicidad”. (Sala Primera, N.° 1368 de 08:45 h de 18 de octubre de 2012). ► oralidad.

Postulado que comprende que las actuaciones en el proceso agrario se practiquen, preferentemente, mediante la palabra hablada o con procedimientos que incorporen esta forma. El principio de inmediatez a que tiende el proceso agrario, ha sido considerado como una extensión del principio de oralidad, pues llega a su máxima expresión en un sistema procesal oral. (Tribunal Agrario, N.° 366 de 09:40 h de 15 de junio de 2001). ► principio de inmediación de la prueba. proceso agrario.

 

► principio de rogación.

Política, norma o conjunto de acciones de protección que se asumen o se advierten antes de la constatación de un riesgo o peligro, aun lejanos o improbables. || Línea o pauta operativa que se toma en casos de incertidumbre acerca del acaecimiento de un daño, peligro o dificultad. || En materia administrativa o de políticas gubernamentales, contenido de las normas que, con el fin de delimitar la aplicación de estas, dan potestades a las Administraciones públicas ante situaciones de incertidumbre científica. || También llamado principio de cautela, en materia ambiental, precepto, o conjunto de ellos, que establece la toma de medidas para reducir la eventualidad de un daño al medioambiente aun si se desconoce la probabilidad exacta de que el perjuicio o menoscabo se produzcan. ► medioambiente. principio de prevención.

En materia ambiental, precepto que establece la toma de medidas para reducir el acaecimiento de un daño al medioambiente, a sabiendas de cuál es el perjuicio o menoscabo que ocurriría. ► medioambiente. principio de precaución.

Precepto laboral que establece que, en caso de divergencia entre los hechos ciertos y efectivos y lo que existe en documentos y acuerdos, debe prevalecer lo que ocurre en la realidad. “IV.- El principio general de Derecho Laboral, de “primacía de la realidad”, que el recurrente reclama como violentado por el Ad-quem, establece que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (PLA RODRIGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1.990, p. 243). […] Por esa razón, el contrato de trabajo ha sido llamado “contrato-realidad” —aunque doctrinariamente se prefiere la acepción de primacía de la realidad—; pues, tanto legal como doctrinaria y jurisprudencialmente, se ha aceptado, de forma pacífica, que la relación de trabajo está definida por las circunstancias reales que, en la práctica, se den y no por lo pactado expresamente por las partes. En consecuencia, de conformidad con este principio, en materia laboral, importa más lo que ocurre en la práctica que aquello que, las partes, hayan pactado o lo que aparezca en documentos”. (Sala Segunda, N.° 74 de 09:30 h de 31 de enero 2001). ► contrato realidad.

Precepto que establece que algunos derechos solo pueden aumentarse o incrementarse, ya sea por un avance gradual, constante y, o, sistemático. Ejemplo de la aplicación del principio de progresividad es el derecho ambiental y el derecho internacional de los derechos humanos.

Precepto que establece el avance gradual, constante y sistemático para la realización de los derechos humanos ambientales, y el equilibrio con la protección de otros derechos fundamentales. “A través del principio de progresividad del derecho ambiental, el Estado se ve compelido a adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial, que tengan como finalidad el incremento gradual, constante, sostenido y sistemático del alcance y amplitud del nivel de protección ambiental, buscando alcanzar su plena efectividad en justo equilibrio con la protección y promoción del resto de los derechos humanos”. (Peña, Mario). ► derechos humanos ambientales. principio de no regresión de la protección ambiental.

En derecho penal regla jurídica que señala que la sanción debe ser necesaria, igual y ajustada a la gravedad del delito, falta o contravención cometida. || Precepto que establece la oposición del uso desmedido de la sanción privativa o restrictiva de la libertad ambulatoria, limitando su aplicación a casos de quebranto a bienes jurídicos particularmente valiosos o relevantes. || En derecho disciplinario, regla que estipula que entre la falta y la medida disciplinaria debe operar una correspondencia entre la gravedad de la acción u omisión infractora y la magnitud de la sanción; o si una falta leve se puede sancionar de modo distinto o alternativo.

En el proceso penal, referido a medidas de protección a la víctima, testigos y demás sujetos intervinientes, regla que establece que el decreto de las medidas protectoras debe responder al nivel de riesgo o peligro en que se hallen.

Precepto ético y legal que enuncia la necesidad de brindar amparo, auxilio o defensa a personas, seres o sistemas particularmente vulnerables. La niñez y la naturaleza se han de ver cobijados por el principio de protección. || En el proceso penal, en cuanto al amparo de la víctima, testigos y demás sujetos intervinientes, precepto o regla que enuncia la primacía de la protección de su vida, integridad física, libertad y seguridad. || ► principio protector laboral.

Criterio que determina que lo que debe ser de conocimiento público sea asequible por todo medio que se disponga. || En contratación administrativa, canon que establece que los órganos y entes de la Administración den a conocer los programas de adquisición por medio de publicaciones en diarios u otros medios físicos o informáticos; además de la posibilidad de que todo interesado en contratar con la Administración, tenga libre acceso al expediente y a la información complementaria. || En materia presupuestaria pública, principio que dispone que los presupuestos deben ser asequibles al público por medios físicos o electrónicos.

Precepto que consagra la posibilidad de terceros, salvo en los casos legalmente prohibidos, de tener acceso o informarse de las actuaciones en el proceso judicial. Referido al principio de publicidad del proceso “la publicidad implica el control popular o de la opinión pública sobre el desempeño de la justicia. Esta publicidad, que se podría denominar “externa” tiene una doble finalidad: ‘por un lado, proteger a las partes de una justicia sustraída al control público, y por otro, mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho’”. (Zepeda Lecuona). ► publicidad. publicidad del proceso. || Pauta que establece que el conocimiento de todos los actos procesales debe ser permitido a las partes intervinientes. Cuando el principio de publicidad del proceso refiere solo a las partes que intervienen se habla de ‘publicidad interna’; cuando su aplicación es para toda persona se está ante una ‘publicidad externa’.

 > principio de publicidad. publicidad registral.

Principio que postula que todo lo que ocurre o es, tiene una razón que lo explique. Postulado del principio de razón suficiente es que nada existe sin causa o razón; todo tiene una razón de ser. || Enunciado lógico que deriva que todo juicio para ser realmente verdadero, necesita de una causa precisa que justifique lo que se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad. ► razón suficiente.

Criterio de constitucionalidad que postula la posibilidad del Estado de limitar o restringir el ejercicio abusivo del derecho, pero de forma que la interpretación de la norma jurídica se adecue en cuanto al motivo y fin que se contempla en la Constitución. “Fue en la sentencia número 01739-92, de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, donde por primera vez se intentó definir este principio, de la siguiente manera: “La razonabilidad como parámetro de interpretación constitucional... pero que entre  nosotros, sobre todo a falta de esa necesidad, equivaldría sencillamente al principio de razonabilidad de las leyes y otras normas o actos públicos, o incluso privados, como requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que deben ajustarse, no sólo las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de Justicia contenido en ella el cual implica, a su vez, el cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas estas como idoneidad para realizar los fines propuestos, los principios supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la Constitución. De allí que las leyes y en general las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido promulgadas por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de razonabilidad”. (Sala Constitucional, N.° 14159 de 09:15 h de 14 de junio de 2023). ► principio constitucional de razonabilidad. razonabilidad de las leyes.

> razonabilidad de las leyes.