En el derecho procesal penal, precepto que consigna la prohibición de que, ante un recurso, con la nueva resolución, se dé una reforma o modificación de la primera sentencia que afecte negativamente los intereses del recurrente. ► non reformatio in peius. reformatio in peius.

Precepto que establece, en general, la interdicción o improcedencia de que la legislación ambiental y las resoluciones judiciales sean revisadas, si esto conlleva un retroceso en cuanto a los niveles de protección al ambiente que se hubieran alcanzado. En Costa Rica, en sentencia de la Sala Constitucional se apuntó, con respecto al principio de no regresión ambiental, que “Este principio no supone una irreversibilidad absoluta” y que, en ese caso, se obliga “a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. (Sala Constitucional, N.° 13367 de 21 de setiembre de 2012). ► principio de progresividad del derecho ambiental.

En materia procesal, postulado que establece que la inobservancia de las formalidades legales de un acto jurídico solamente motiva su invalidez cuando el defecto causa un agravio o perjuicio real, efectivo y demostrable a las garantías de defensa de alguna de las partes.

Pauta de actuación jurídica conforme a la cual quienes ejercen potestades públicas, o deciden acerca de asuntos puestos en su conocimiento, deben fundamentar sus actuaciones en hechos verificables y en el derecho vigente, al tiempo que prescinden de intereses personales prejuicios, arbitrariedad o consideraciones extrañas al ordenamiento jurídico. || En materia administrativa y procesal, precepto que orienta la instrucción, el análisis de la prueba y el fallo hacia la determinación imparcial de la verdad relevante para el caso y que pondera los elementos favorables y desfavorables para las partes, con sujeción a la legalidad, razonabilidad y motivación.

Precepto de actuación que obliga al Ministerio Público y a los auxiliares de la justicia a investigar con igual cuidado tanto los hechos que fundamentan la acusación como aquellos que eximan o atenúan la responsabilidad del acusado. || Regla que establece el deber funcional de investigar y valorar tanto las circunstancias que fundamenten la acusación como aquellas que favorezcan al imputado. Acerca del principio de objetividad en materia penal, se ha apuntado: “II.- […] Por otra parte, ha de señalarse que el Ministerio Público se encuentra sometido al principio de objetividad y en virtud de él ha de investigar todos los aspectos de relevancia, independientemente de que favorezcan o perjudiquen al sospechoso y, en ningún caso, podrá ocultar, ignorar o desconocer la existencia de probanzas beneficiosas al justiciable; no obstante, ello no significa que haya de asumir el papel del defensor, tal y como lo demanda el quejoso”. (Sala Tercera, N.° 102 de 10:11 h de 11 de febrero de 2011).

Precepto que establece que los deberes impuestos por las normas jurídicas deben ser cumplidos por los destinatarios y aplicados por la autoridad correspondiente. || Exigencia de cumplimiento de las normas jurídicas —bajo la advertencia de sanción coactiva— que vinculan a los ciudadanos y poderes públicos. || En el proceso penal, pauta que establece que, una vez dados los presupuestos legales para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público, está en la obligación de promoverla, sin que puede abstenerse por razones de conveniencia, oportunidad o discrecionalidad, salvo las excepciones de ley.

Precepto según el cual el contrato, válidamente acordado, vincula a las partes y debe cumplirse en los términos pactos. Se puede decir que, a partir del principio de obligatoriedad del contrato, el contrato es “ley entre las partes”. ► pacta sunt servanda. || Expresión de la autonomía de la voluntad y de la fuerza normativa de lo contratado, por la que las partes quedan jurídicamente obligadas a ejecutar lo convenido. “El principio de obligatoriedad de los contratos es consecuencia directa e inme­diatamente derivada del más importante principio de autonomía de la voluntad privada. "El deudor de una obligación contractual está obligado a ejecutar lo que prometió en el convenio. Esa es la esencia del contrato, entendido como fuente de obligaciones (artículo 632 del Código Civil). El cumplimiento o la ejecución del contrato debe producirse en los términos específicamente acordados, porque sólo así queda satisfecho el interés de los contratantes”. (Tribunal Segundo Civil, Sección I, N.° 67 de 09:00 h de 9 de marzo de 2005).

Precepto procesal según el cual la Autoridad pública está obligada a actuar de oficio en el cumplimiento de sus funciones, al iniciar, tramitar y resolver los procedimientos correspondientes sin depender de la iniciativa de las partes.

Precepto que postula que el impulso del proceso deberá estar a cargo del juzgador. || Norma que determina el deber de quien juzga de adoptar de oficio lo necesario para garantizar el ejercicio de los derechos, aun si no han sido invocados por las partes. || Locución sinónima de ‘impulso procesal del oficio’. ► impulso procesal. impulso procesal de oficio. oficiosidad 1.

Regla que determina el deber de quien juzga de adoptar de oficio lo necesario para garantizar el ejercicio de derechos, aun si no han sido invocados por las partes, en materia concerniente a la propiedad o a los trabajos relativos al cultivo de la tierra, al tratamiento del suelo, a las plantaciones, a la recolección de productos, a su consumo y a la transformación del medio ambiente para la satisfacción de necesidades. ► principio de oficiosidad.

En materia procesal penal, posibilidad legal del fiscal, previa autorización del superior jerárquico, para que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal; o para que se limite a alguna o algunas de las infracciones o para alguno de los involucrados en los hechos. La viabilidad de la aplicación del principio de oportunidad congloba hechos insignificantes, exigua participación del imputado, colaboración del acusado en la investigación en asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta o casos de tramitación compleja. Puede aplicarse cuando el agente haya sufrido, como consecuencia del hecho, daños graves que tornen desproporcionada la aplicación de una pena.

Postulado que comprende que las actuaciones judiciales se practiquen, preferentemente, mediante la palabra hablada o con procedimientos que incorporen esta forma. El artículo 2, inciso 6, del Código Procesal Civil (ley 9342) establece: “El proceso deberá ajustarse al principio de oralidad. La expresión oral será el medio fundamental de comunicación. Solo serán escritos, ya sea en soporte físico o tecnológico, aquellos actos autorizados expresamente por la ley y los que por su naturaleza deban constar de esa forma. En caso de duda entre la aplicación de la oralidad y la escritura, el tribunal escogerá siempre la oralidad”. || Canon que impone que las partes y partícipes del proceso deben realizar los actos procesales mediante la expresión oral. “[…] el juicio oral y público se fundamenta en el principio de oralidad, el cual lleva inmerso tres representativos sub principios, a saber, el de inmediatez, concentración y el de publicidad”. (Sala Primera, N.° 1368 de 08:45 h de 18 de octubre de 2012). ► oralidad.

Postulado rector conforme al cual el proceso judicial debe desarrollarse, preferentemente, mediante la expresión verbal como medio fundamental de comunicación entre las partes, sus representantes y el órgano jurisdiccional, de modo que las peticiones, alegatos, pruebas y demás actos procesales se realicen oralmente en audiencia, con la intervención directa del juez de la causa.

Postulado que comprende que las actuaciones en el proceso agrario se practiquen, preferentemente, mediante la palabra hablada o con procedimientos que incorporen esta forma. El principio de inmediatez a que tiende el proceso agrario ha sido considerado como una extensión del principio de oralidad, pues llega a su máxima expresión en un sistema procesal oral. (Tribunal Agrario, N.° 366 de 09:40 h de 15 de junio de 2001). ► principio de inmediación de la prueba. proceso agrario.

En derecho público y como elemento integrante del Estado Social de Derecho, postulado que reconoce la prerrogativa y el deber de los titulares de derechos civiles y políticos de intervenir, de manera directa o indirecta, en los procesos de formación, ejecución y control de la voluntad estatal, así como en las decisiones relativas a recursos, acciones y políticas que inciden en la vida comunitaria. El principio de participación ciudadana trasciende la dimensión meramente electoral. ► participación ciudadana.

Postulado que reconoce la prerrogativa —y en algunos casos el deber— de los titulares de derechos de intervenir, de manera directa o indirecta, en los procesos de formación, ejecución y control de la materia relativa a las condiciones físicas, químicas y biológicas que rodean a los seres vivos, así como en las decisiones relativas a recursos, acciones y políticas que inciden en el uso de los recursos naturales en conjunción con la conservación del ambiente. Acerca del principio de participación ciudadana en materia ambiental se ha dicho: “V.- […]. Por último, en cuanto a la participación ciudadana en los asuntos ambientales se consagra en un principio cuyo fundamento se extrae de los artículos veintisiete, treinta y cincuenta constitucionales, por cuanto los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella para la toma de decisiones. La participación ciudadana constituye una consecuencia del principio democrático y abarca el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y el medio ambiente y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones. (Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección IV, N.° 83 de 07:45 h de 16 de septiembre de 2013).

Postulado que reconoce la duración infinita de ciertos derechos o de la inalterabilidad de la competencia.

En Costa Rica, en el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial del Poder Judicial, descriptor sinónimo de ‘principio de perpetuidad de la jurisdicción’. ► principio de perpetuidad de la jurisdicción.

Axioma o regla procesal conforme al cual la competencia de un órgano jurisdiccional se determina según la situación de hecho y de derecho existente al momento de la interposición de la demanda o de la presentación de la acusación, y permanece inalterada hasta la conclusión del proceso, sin que las modificaciones posteriores en tales circunstancias afecten la aptitud del tribunal para conocer del asunto.

Precepto conforme al cual los medios de impugnación producen efectos únicamente respecto de la parte que los interpone, de modo que su ejercicio y las consecuencias derivadas de su resolución no aprovechan ni perjudican a quienes no hayan recurrido, salvo disposición legal en contrario. “IV- […] Debe tenerse en cuenta en particular lo que la doctrina procesalista civil ha llamado el principio de personalidad de la impugnación.  Al respecto indica [Nombre32]: “En cuanto al principio llamado de personalidad de la apelación, no es sino otra forma particular de las mismas normas generales que ya han sido expuestas. La situación que da motivo a la aplicación de este principio es el siguiente: A y B, herederos de C, demandan a D por reparación de un acto ilícito que ha causado la muerte del padre de los actores; la sentencia absuelve a D; A no apela de la sentencia y B lo hace en tiempo y forma; la sentencia de segunda instancia revoca la sentencia de primera instancia y condena a indemnizar a B el daño sufrido ¿Aprovecha a A, que ha consentido la sentencia absolutoria, el fallo dictado a favor de B? La doctrina y la jurisprudencia se pronuncian por la negativa: la condena obtenida por B no beneficia a A porque los efectos de la apelación son personales. No existe, como en el derecho romano, beneficio común, sino ventaja unilateral”. (Tribunal de Casación Penal, N.° 229 de 11:08 h de 11 de marzo de 2004).

En Costa Rica, en el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, descriptor sinónimo de ‘principio de rogación’. ► principio de rogación.

Postulado de interpretación jurídica conforme al cual el ordenamiento se presume completo y capaz de ofrecer una solución para todo caso sometido a decisión. “El principio de plenitud hermenéutica del ordenamiento dispone que, ante la aparente ausencia de norma aplicable, no se autoriza la denegación de justicia, sino que se obliga al juez a integrar el derecho mediante los métodos de interpretación admitidos, tales como la analogía, los principios generales y los valores del sistema”.

En Costa Rica, descriptor sinónimo de ‘principio de plenitud hermenéutica en materia administrativa’. ► principio de plenitud hermenéutica en materia administrativa.

Postulado conforme al cual el ordenamiento administrativo se considera completo y suficiente para regular toda situación sometida a la actuación de la Administración pública, de modo que la ausencia aparente de norma específica no justifica la inacción, sino que obliga a la autoridad a aplicar criterios de interpretación, integración y coherencia normativa basados en principios generales del derecho, finalidad pública y los valores del sistema jurídico-administrativo. Con respecto al principio de plenitud hermenéutica en materia administrativa se ha dicho: “VII.- Alcances del "Principio de Plenitud Hermética del Ordenamiento Jurídico Administrativo", regulado en el artículo 9 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública. De previo a proceder con la resolución del caso concreto, y en razón del derecho aplicable al sub lite, este Tribunal estima necesario decantar los alcances del Principio de Plenitud Hermética del Ordenamiento Jurídico Administrativo, regulado en el canon noveno de la Ley General de la Administración Pública, precepto de reiterada cita en esta sede, pero que adolece de un adecuado desarrollo jurisprudencial, no obstante su extraordinaria transcendencia práctica en lo que hace al régimen jurídico aplicable a las administraciones públicas. La citada norma textualmente preceptúa en su inciso primero: "El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramas del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios."  A partir de lo anterior, este Tribunal considera necesario destacar que dicho canon reglamenta la autonomía -que no independencia-, del sistema normativo que regula las relaciones jurídico administrativas en su sentido más amplio. Aquí es necesario señalar que la determinación de cuáles normas integran el supracitado sistema, no puede hacerse discriminando por cuerpos jurídicos entendidos estos como unidades indivisibles, sin detenerse a estudiar de forma particular cada artículo o incluso cada norma recogida en sus diversos preceptos. En otras palabras, el operador jurídico no puede determinar en términos generales que hay leyes o reglamentos completos que están excluidos del Ordenamiento Jurídico Administrativo”. (Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, N.° 2744 de 15:35 h de 27 de julio de 2010).

Política, norma o conjunto de acciones de protección que se asumen o se advierten antes de la constatación de un riesgo o peligro, aun lejanos o improbables. || Línea o pauta operativa que se toma en casos de incertidumbre acerca del acaecimiento de un daño, peligro o dificultad. || En materia administrativa o de políticas gubernamentales, contenido de las normas que, con el fin de delimitar la aplicación de estas, dan potestades a las Administraciones públicas ante situaciones de incertidumbre científica. || También llamado principio de cautela, en materia ambiental, precepto, o conjunto de ellos, que establece la toma de medidas para reducir la eventualidad de un daño al medioambiente aun si se desconoce la probabilidad exacta de que el perjuicio o menoscabo se produzcan. ► medioambiente. principio de prevención.